En cumplimiento de su misión para salvaguardar los derechos fundamentales de la población, particularmente de las personas en estado de vulnerabilidad, la Defensoría del Pueblo presentó una demanda de inconstitucionalidad contra las normas que derogaron la pensión de invalidez que cobijaba a las víctimas del conflicto armado en condición de discapacidad.

 El recurso, admitido este jueves 10 de Abril por la Corte Constitucional, busca que se revise y modifique lo dispuesto en el artículo primero de la ley 1421 de 2010 y cuatro artículos más de la leyes 1106 de 2006, 782 de 2002, 548 de 1999 y 418 de 1997, los cuales sin justificación alguna derogaron ese beneficio para quienes sufren disminución de su capacidad laboral desde un 50 por ciento.

 La Defensoría del Pueblo considera que al establecerse anticipadamente un término preciso de vigencia para una prestación social como la pensión de invalidez y luego suspenderla sin ofrecer razones de justificación, se vulneran los principios constitucionales de progresividad para los derechos sociales.

 No obstante la libertad del Congreso de la República respecto a configurar el desarrollo de los contenidos en esta materia, para la Defensoría resulta claro que cuando se ponen riesgo derechos como el acceso al mínimo vital, la vida digna, la igualdad y la seguridad social, no se puede legislar en contravía de los mismos, máxime si como lo advierte la Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas “las personas con discapacidad son sujetos de especial protección y deben recibir un trato preferente que responda a sus especiales necesidades durante toda la ruta de registro, atención, asistencia y reparación integral”.

 Precisamente, en concepto de la Defensoría del Pueblo restituir la pensión de invalidez para este segmento de la población víctima del conflicto armado interno (tema sobre el cual no se ha legislado desde el año 2010), tiene que ver en todo caso con el concepto de reparación y por tanto resulta necesario un cambio en la normatividad vigente.

 Según la Red Nacional de Información, de las 6’231.617 víctimas del conflicto armado en Colombia, 152.153 han sufrido la condición de discapacidad, siendo la mayor proporción (77,5 por ciento), es decir 117.878 personas desplazadas, 5.684 afectadas por actos terroristas y enfrentamientos y 1.196 por minas antipersonal y artefactos explosivos, entre otras. Del universo de víctimas discapacitadas, 11.233 corresponden a niños, niñas y adolescentes y 137.070 (es decir el 90 por ciento) a población adulta.