Este Informe Especial, complementa el mapa de riesgo electoral entregado por la Defensoría del Pueblo, en los meses junio y julio de 2007 al Ministerio del Interior y de Justicia, a la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral y a la Unidad de Reacción Inmediata Electoral (URIEL) para la adopción de medidas de prevención y protección en aras de garantizar el derecho a la vida, a la integridad y libertad personales y, los derechos políticos de los ciudadanos y ciudadanas que residen en las regiones señaladas en riesgo.

El Informe contiene tres partes: La primera, describe el panorama de riesgo por la incidencia del conflicto armado en el proceso electoral; la segunda parte, alude a los factores de riesgo que no se atribuyen necesariamente a grupos armados ilegales pero que afectan de igual modo el derecho fundamental de elegir y ser elegido y/o que atentan contra el normal desarrollo del proceso electoral, y la tercera parte, contiene un instructivo elaborado por la Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas y la Defensoría Delegada para la Evaluación de Riesgos de la Población Civil, sobre la prevención y protección de los derechos políticos.

Para llevar a cabo este diagnóstico, la Defensoría del Pueblo, a través del Sistema de Alertas Tempranas (SAT), monitoreó, entre otras, las siguientes variables: municipios o localidades donde se han presentado amenazas, atentados, secuestros, desapariciones y homicidios, contra dirigentes políticos, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, funcionarios públicos y autoridades electorales; municipios o localidades donde los alcaldes, personeros o concejales municipales están ejerciendo funciones desde la capital del departamento o desde otras municipalidades; municipios o localidades donde los candidatos han renunciado; municipios o localidades donde se han tomado fuertes medidas de seguridad para los candidatos a corporaciones públicas; municipios en los que se pueden presentar dificultades con relación al proceso electoral a partir de la disputa territorial de los grupos armados ilegales, presencia o hegemonía de un nuevo actor armado ilegal y, municipios donde se presentarán anomalías o irregularidades con motivo del proceso electoral o como acción derivada del conflicto armado.

Los departamentos que registran un mayor alto riesgo por la interferencia de los grupos armados ilegales en el proceso electoral son: Putumayo, Caquetá, Nariño, Huila, Cauca, Valle del Cauca, Arauca, Meta, Vichada, Tolima, Santander, Antioquia, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre y Chocó.

La Defensoría del Pueblo ante los escenarios identificados llama la atención de las autoridades electorales y gubernamentales, a los partidos políticos y a la sociedad en general para adoptar e implementar medidas que permitan de manera eficaz reducir o prevenir los riesgos electorales y garantizar el libre y transparente certamen democrático.

Entre las recomendaciones formuladas están las relacionadas con la presencia focalizada de autoridades públicas en circunscripciones, zonas o puestos de votación, con nivel de riesgo alto, la entrega de cédulas durante la jornada electoral, garantizar el derecho al voto de los desplazados y la suspensión del uso de la tinta indeleble en los municipios de mayor riesgo, entre otras.

 

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