En desarrollo del acuerdo de entendimiento alcanzado, la Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para la Orientación y Asesoría a las Víctimas del Conflicto Armado, y la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP) adelantan una estrategia interdisciplinar para potenciar la participación de las víctimas en su proceso restitutorio de derechos y programas de reparación colectiva de forma simultánea.  

Mediante un solo relato de afectaciones colectivas se tramitan solicitudes de acceso a los programas de reparación colectiva y acreditación en los nuevos macro casos, que buscan respuestas complementarias de los dos mecanismos actuales del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Entre el 7 y el 13 de octubre,  las comunidades de San Juan de Arama, Puerto Rico, Uribe, Vista Hermosa, Puerto Lleras y Mesetas, veredas y municipios de la Subregión del Ariari, desarrollan una agenda construida entre la Defensoría del Pueblo, la JEP y la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) —Programa ProPaz II— con apoyo del Instituto Latinoamericano para una Sociedad y Derecho Alternativo —ILSA—, quienes confluyeron en asesoría y apoyo colectivo al restablecimiento y reconstrucción del tejido social entre las poblaciones urbanas y rurales afectadas por varios actores del conflicto. 

A juicio de la Defensoría del Pueblo, esta iniciativa producirá buenas prácticas que se podrán replicar con otras comunidades y poblaciones que aumentan su confianza en la institucionalidad comprometida con la centralidad de las víctimas.