La Defensoría del Pueblo, con apoyo del Fondo de Justicia Transicional de las Naciones Unidas a través del PNUD, realizó un estudio focalizado en cinco ciudades del país, sobre la violencia contra las personas con orientación sexual e identidad de género diversas, en el marco del conflicto.

El ente de control encontró que los homicidios, amenazas, desplazamiento forzado, imposición de estereotipos y hasta consejos de guerra, hacen parte de la vulneración de derechos.

La institución tuvo acceso a los testimonios de 92 víctimas en Bogotá, Medellín, Cali, Pasto y Santa Marta, que permitió que la Defensoría Delegada para la Mujer y Asuntos de Género identificara las principales modalidades de maltrato contra esta población, en lugares donde hay mayor presencia  de grupos armados ilegales.

Para la Defensoría, la primera dificultad de cara a la defensa de los derechos fundamentales en este caso, es la ausencia de una cifra confiable respecto al número de víctimas, pues si bien de los 7 millones y medio registradas oficialmente, sólo 1.422 pertenecen a la población LGBTI. En este contexto, llama la atención que 56.296 personas incluidas en los reportes de la Unidad de Víctimas, no han informado su género y 19.286 están en la categoría de “no definidos”, circunstancia a la que se suma que respecto de los delitos sexuales, solo figuran 62 víctimas frente a 248 personas cuyo género es desconocido.

1. Homicidios: por discriminación y prejuicio, producto de consejos de guerra por conductas de comportamiento individual que son consideradas como transgresoras de las normas internas de una determinada organización, o como parte de las mal llamadas “limpiezas sociales” practicadas por algunas estructuras, principalmente en los centros urbanos.

2. Amenazas: fundamentalmente vinculadas a las iniciativas de asociación de la población LGBTI para defender sus derechos como colectivo social, en aquellos territorios donde la presencia institucional no está suficientemente fortalecida.

3. Desplazamiento forzado: por la irrupción, enfrentamiento y control territorial que en algunas zonas específicas del país ejercen los grupos armados ilegales.

4. Abuso sexual: se trata de la conducta más recurrente, pues cuando las personas con orientación sexual e identidad diversas ingresan a estas estructuras armadas, son vistas con desprecio y utilizadas como instrumento de castigo, diversión o explotación por vía del abuso sistemático, como sucede en algunos sectores donde la minería criminal se ha convertido en escenario cómplice de estas situaciones.

5. Imposición de estereotipos de género: cuando bajo la intimidación y con el pretexto de no atentar contra la vida e integridad de las víctimas, les obligan a vestir o actuar de determinada manera, en contravía de su autenticidad y opción individual.

A partir de este diagnóstico y de casos ejemplarizantes como el de una víctima que fue reclutada por la guerrilla a los 15 años, pero que fue abusada en razón de su orientación sexual, o el de otra persona que tras ser capturada por señalamientos de supuesta simpatía con un grupo ilegal, fue sistemáticamente abusada en prisión, la Defensoría planteó una serie de recomendaciones, que comienzan con el derecho a la participación efectiva, las garantías de reparación integral y no repetición, y la definición de una política pública con enfoque diferencial que permita precisar la cantidad y características de las víctimas, y a partir de allí desplegar la oferta institucional en favor de estas poblaciones.

Durante el 2015, la Defensoría Delegada para la Mujer y Asuntos de Género, ha brindado asesoría individual a 52 víctimas del conflicto armado interno con orientación sexual diversa, a la vez que ha realizado distintos talleres regionales en los que han participado cerca de 322 personas de las personas LGBTI.