La Constitución Política ha reconocido los derechos fundamentales, colectivos e integrales para los pueblos indígenas en cuanto al TERRITORIO, a la AUTONOMÍA y a la IDENTIDAD CULTURAL. Se han adelantado importantes acciones en la implementación de tales derechos, como el reconocimiento colectivo de tierras y territorios, de las instituciones y autoridades propias de los pueblos indígenas y de una atención diferenciada de acuerdo con la cultura de cada pueblo en educación y salud.

Sin embargo, la situación de la integridad física y cultural de la gran mayoría de los pueblos indígenas exige del Estado en su conjunto, mayores esfuerzos para implementar la educación propia que respete y desarrolle su identidad cultural y la atención integral en salud desde su cosmovisión y con cobertura universal para que mejoren sus condiciones de vida. El desplazamiento forzado sigue siendo uno de los fenómenos que más afectan la dignidad y la integridad cultural, en especial de la niñez y las mujeres indígenas, situación que demanda de los organismos del Estado un plan nacional de atención diferenciada como parte de una política pública.

Es fundamental tomar todas las medidas necesarias para combatir la impunidad sobre los atentados contra el derecho a la vida y a la integridad personal, los asesinatos selectivos de líderes y miembros de los pueblos indígenas en los últimos años. La ocupación indebida de los territorios colectivos (resguardos) por la expansión de cultivos de uso ilícito, la presencia de grupos armados al margen de la ley, el fomento de proyectos sin previa consulta a las comunidades respectivas, requieren de medidas urgentes para garantizar eficazmente el derecho al territorio. Es necesario el reconocimiento de las instituciones y autoridades indígenas y de su jurisdicción especial en el marco de la normatividad vigente, respetando el principio de la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana.

La Defensoría del Pueblo, en el marco de su misión constitucional y legal, ha venido desarrollando diferentes acciones para la promoción y defensa de los derechos fundamentales, colectivos e integrales de los pueblos indígenas, como: capacitación de “doble vía” para instituciones y autoridades públicas sobre derecho y legislación indígena, para que haya un reconocimiento y respeto efectivo de sus derechos. 

Por otra parte, la Defensoría ha venido haciendo presencia en zonas críticas para prevenir el desplazamiento forzado y evitar la vulneración de los derechos colectivos, a través del programa de defensores comunitarios, del Sistema de Alertas Tempranas y de la Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas.

La Defensoría del Pueblo ha insistido, en los diferentes espacios interinstitucionales y de interlocución con los pueblos indígenas, en la urgencia de definir una política pública para la atención Integral de estos pueblos, la cual debe garantizar la efectividad de los derechos fundamentales al territorio, a la autonomía y a la cultura de los 90 pueblos indígenas que habitan en el territorio colombiano, dando prioridad especialmente a las comunidades “en vías de extinción” entre otros, como: los Nukak makú en el Guaviare, los Amorúa del Vichada, los Wipiwe y Chiripos del Casanare.