Al reiterar su enfático rechazo al atentado que hacia las 10:30 de la mañana del pasado domingo se presentó contra la caravana de la candidata presidencial por la Unión Patriótica (UP), Aída Avella, en el departamento de Arauca, el Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, pidió extremar las medidas de seguridad para proteger la vida de la dirigente política. 

El funcionario recordó que tras el ataque sufrido por la aspirante presidencial el 7 de mayo de 1996 en Bogotá, y un exilio de 15 años, es deber del Estado garantizar la integridad de Avella, así como su actividad proselitista. 

Otálora Gómez se mostró preocupado ante la sumatoria de episodios, que además del repudiable ataque ocurrido en la vía Fortul-Puerto Jordán, a la altura de Tame, muestran hechos como las interceptaciones a los correos del Presidente de la República, Juan Manuel Santos, el inadecuado manejo de campañas publicitarias en favor de algunos candidatos y las amenazas contra el aspirante al Senado por la Alianza Verde, Horacio Correa, entre otros. 

“Nos preocupa lo que está ocurriendo”, manifestó el Defensor del Pueblo, quien recordó que el pasado 3 de febrero había solicitado a las autoridades investigar la autenticidad de un panfleto amenazante atribuido a ‘Los Rastrojos’, y en el que se ofrecía hasta 50 millones de pesos para atentar contra la vida e integridad de dirigentes de la UP y el movimiento Marcha Patriótica, sin que aún haya resultados. 

Otálora Gómez sostuvo que lo ocurrido en el departamento de Arauca es más que una simple alerta, máxime cuando según información recabada por la Defensoría del Pueblo Regional, la caravana de la aspirante Aída Avella tuvo que hacer un desvío, pues un día antes presuntos miembros de grupos armados ilegales habían bloqueado un tramo de la carretera Los Libertadores. 

El Defensor del Pueblo reconoció la voluntad del Gobierno a través de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para fortalecer los esquemas de seguridad de los candidatos, pero enfatizó que episodios como el intercambio de disparos ocurrido el domingo (que terminó con 14 impactos a uno de los vehículos de la caravana), demuestran la vulnerabilidad en algunas regiones, y dijo que lo más importante es que las investigaciones alrededor de estos hechos, de las llamadas ‘chuzadas’ y otras variables como la alerta declarada por la Misión de Observación Electoral (MOE) en 22 municipios por posible fraude electoral, avancen con prontitud y ofrezcan resultados confiables para el país. 

Finalmente, Otálora Gómez, dijo que sería muy grave para el país, con los antecedentes alrededor del caso Aída Avella, no ofrecer las garantías suficientes para ella y para la Unión Patriótica en general.