Defensor del Pueblo repudió muerte de niño secuestrado en Chía
- Mar, 30 sep 2008
El Defensor del Pueblo hizo una llamado a las autoridades del Estado y a la sociedad en general, para que se mantengan alerta sobre este tipo de actos de violencia y denuncien cualquier hecho sospechoso que permita proteger de manera eficaz el derecho a la vida de los menores expuesta a actos tan escabrosos como el que rodeó la muerte violenta de Luis Santiago. Hay que tener en cuenta que hay altos registros que demuestran que los niños, niñas y adolescentes son víctimas de maltrato físico, sicológico, sexual, negligencia y descuido.
Según cifras del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el primer semestre del año 2007 se reportaron 3.587 dictámenes por maltrato a niños y niñas, de los cuales 1.876 corresponden a niñas y 1.711 a niños. De igual manera, se reportaron 4.461 dictámenes sexológicos practicados a niños, niñas y adolescentes.
El Defensor del Pueblo reclama la aplicación de las penas establecidas en el Código de Infancia y Adolescencia, aumentadas al doble, cuando se cometan delitos de homicidio o lesiones personales bajo la modalidad dolosa, delitos contra la libertad, la integridad y la formación sexual o secuestro contra menores de edad. Igualmente, la Defensoría del Pueblo hará un seguimiento atento para que no se otorgue ningún tipo de beneficios en cuanto a rebaja de penas, tales como: casa por cárcel, no aplicación del principio de oportunidad, ni suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni libertad condicional, ni rebaja de pena con base en preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado.
La Defensoría del Pueblo exhorta a las autoridades judiciales a aplicar de manera estricta la Ley de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 1996) que ordena se adelanten planes, programas, proyectos y estrategias en beneficio de la infancia. Con ello se busca que la garantía en cuanto a la realización de derechos y la prevención de situaciones que vulneren los derechos de los niños, niñas y adolescentes, sean compromisos proritarios del Estado, la sociedad y la familia en favor de la infancia colombiana.

