En un contexto de persistente violencia y crisis humanitaria en la subregión del Catatumbo, la Defensoría del Pueblo participó en una jornada de atención integral a víctimas del conflicto armado, desarrollada entre el 23 y el 25 de abril de 2025 en el Centro de Integración Ciudadana del barrio El Limón, en Tibú, Norte de Santander.

Esta zona ha sido históricamente una de las más golpeadas por el conflicto armado en Colombia, y solo en lo corrido del año se han reportado al menos 90 eventos masivos de desplazamiento y confinamiento, según cifras del Sistema de Información de la Unidad para las Víctimas.

 Durante la jornada, y gracias a una articulación interinstitucional liderada por la Delegada para la Orientación y Asesoría a las Víctimas del Conflicto Armado y la Regional Norte de Santander de la Defensoría, en conjunto con la Personería Municipal, la Unidad para las Víctimas, el Icbf, el Consejo Noruego, el Consejo Danés, CARE, Primera Urgencia Internacional y con el acompañamiento de la MAPP-OEA, se logró brindar un total de 868 atenciones individuales, incluyendo servicios de orientación jurídica, apoyo psicosocial y trámites administrativos.

 Además, se recibieron 206 declaraciones individuales de hechos victimizantes como desplazamiento forzado, amenazas, homicidios, violencia basada en género, confinamiento, despojo y abandono forzado de bienes, entre otros. Estas declaraciones son un paso clave para el ingreso de las víctimas al Registro Único de Víctimas (RUV), lo que les permite acceder a medidas de asistencia humanitaria, atención psicosocial, programas de generación de ingresos, salud, educación y reparación integral, conforme a lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011.

 Más de 300 familias resultaron beneficiadas con esta jornada, lo que representa un avance significativo en la garantía de derechos en una región donde el acceso institucional ha sido limitado. “Con esta atención, puedo iniciar el proceso para recibir ayuda para mi hijo, quien quedó con secuelas con todo lo que pasó. Hoy salgo con esperanza”, expresó María*, mujer desplazada del corregimiento de La Gabarra.

La intervención se desarrolló con un enfoque territorial y diferencial, lo que implicó reconocer las condiciones particulares de las comunidades rurales, mujeres, personas mayores, indígenas, personas con discapacidad y población infantil. Este enfoque permite que la oferta institucional se adapte a las realidades de las personas y facilite el acceso efectivo a sus derechos.

• Por seguridad fue cambiado el nombre