Bogotá, 25 de mayo de 2026 (@DefensoriaCol). El 25 de mayo, mediante el Decreto 1480 de 2014, fue establecido como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado.

La fecha surge de la sentencia del caso Bedoya Lima y otra vs. Colombia, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por el secuestro, la tortura y la violencia sexual sufridos por la periodista Jineth Bedoya Lima el 25 de mayo del 2000, así como por la falta de prevención, protección e investigación diligente en un contexto de violencia estructural contra las mujeres.

“Hoy reconocemos la valentía de otra mujer que se resistió a callar. Jineth Bedoya nos enseñó que alzar la voz es también un acto político, que el silencio nunca ha protegido a las mujeres, solamente a sus agresores. Jineth convirtió su historia en una exigencia pública de justicia que encontró eco en miles de otras mujeres víctimas de violencia sexual que sobrevivieron a vejámenes atroces que habrían sido prevenidos si las hubiéramos escuchado”, expresó la vicedefensora del Pueblo, Paula Cristina Aponte.

La Corte IDH, en la sentencia reconoció, además, que los hechos hacen parte de un patrón estructural de violencia basada en género utilizado para controlar, castigar, intimidar, desplazar y silenciar los liderazgos y las voces de las mujeres.

La violencia sexual en el marco del conflicto armado no es un hecho aislado, pues la Corte Constitucional reconoció que los actores armados utilizan esta violencia como una estrategia de guerra: un mecanismo de control territorial, una forma de intimidación y retaliación, un instrumento de dominación sobre las mujeres, un castigo contra lideresas y defensoras de derechos humanos y una táctica asociada al reclutamiento ilícito.

Víctimas piden mayor compromiso de entes competentes

Durante el evento conmemorativo, realizado en una de las sedes de la Defensoría en Bogotá a partir de un trabajo articulado con el Fondo Global para Sobrevivientes de Violencia Sexual en Conflictos Armados, las asistentes pidieron un mayor apoyo de la institucionalidad.

Solicitaron acciones integrales que estén encaminadas a darles la ayuda que realmente necesitan las víctimas de este tipo de violencia. Asimismo, manifestaron que aún hay temor para denunciar agresiones. También aseguraron que aún no hay la atención psicosocial adecuada para las víctimas.

“Nuestro compromiso debe traducirse en presencia territorial, en rutas de atención que funcionen, en operadores de justicia formados con enfoque de género y diferencial, en oportunidades de desarrollo. El derecho a un buen futuro impone reconocer lo que el conflicto armado les hizo a las mujeres y asumir la responsabilidad de garantizar su no repetición”, enfatizó la vicedefensora Aponte.

Cifras que dimensionan la magnitud de la deuda

Según el Registro Único de Víctimas, de la Unidad para las Víctimas (Uariv), con corte al 31 de marzo del 2026, fueron incluidas 10.151.491 víctimas del conflicto armado, de las cuales 49.741 corresponden a delitos contra la libertad, integridad y formación sexual.

Entre el 1 de enero del 2020 y el 31 de marzo del 2025, fueron incluidas 12.062 mujeres víctimas de violencia sexual, pero solo 110 han sido indemnizadas; es una cifra que corresponde al 0,91 %, menos del 1 %. A ello se suma que la impunidad en los casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado supera el 97 %, y solo cerca del 18 % de las víctimas denuncia estos hechos, según la organización Sisma Mujer.

El conflicto dejó heridas profundas en los cuerpos y en las vidas de miles de mujeres, niñas, personas con orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas (OSIGNH) y comunidades enteras. Entre estas realidades persistentes, están documentados por la Uariv, en promedio, 900 hijos e hijas nacidos producto de hechos de violencia sexual, una población que requiere atención integral, específica y diferenciada.

Acciones de la Defensoría y avances conjuntos

La Defensoría del Pueblo impulsa una mesa interinstitucional en la que participan el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el Ministerio de Salud y Protección Social y la Uariv, orientada a construir una estrategia de atención a estos casos. Su fin es crear una ruta de atención integral para hijas e hijos nacidos en hechos de violencia sexual enmarcados en el conflicto armado.

En el último año se han concretado avances importantes en el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH. El 30 de abril del 2026 fue inaugurado, en la localidad de Teusaquillo en Bogotá, el ‘Centro Investigativo y de Memoria No es Hora de Callar’, dedicado a la memoria y dignificación de todas las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, con zonas de reparación y acompañamiento psicosocial.

El Decreto 0277 de 2026 reglamentó la Ley 2358 de 2024, mediante la cual se creó el ‘Fondo No es Hora de Callar’ para prevenir, proteger y asistir a mujeres periodistas víctimas de violencia basada en género. Y el 27 de marzo del 2026, el Ministerio de Justicia y del Derecho, en articulación con la Escuela Superior de Administración Pública (Esap) y la periodista Jineth Bedoya Lima, presentó el Programa de Capacitación y Sensibilización a servidoras y servidores públicos, como parte del cumplimiento de lo ordenado por la Corte IDH.

“Honrar la memoria ha permitido la organización de colectivos, la documentación de sus historias, la realización de ejercicios de sanación. Se trata de resistirse a que los abusos se hundan en un conveniente olvido. Es una interpelación para que las instituciones y comunidades conozcamos lo que pasó, identifiquemos las razones que lo permitieron y pongamos en marcha acciones que eviten su repetición”, concluyó la vicedefensora del Pueblo.

Acompañamiento de la Defensoría

Entre enero del 2025 y abril del 2026, la Defensoría del Pueblo atendió 296 casos de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

La entidad realizó el diligenciamiento del Formato Único de Declaración a 1.368 mujeres, hombres y personas OSIGNH entre enero del 2025 y marzo del 2026. Esta es la puerta de acceso a sus derechos a la verdad, justicia y reparación integral, pues les orienta y acompaña en su acreditación ante el Macrocaso 11 (violencias basadas en género, violencia por prejuicio y violencia sexual y reproductiva) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Conmemorar el 25 de mayo es escuchar a las sobrevivientes, reconocer su dignidad, no dudar de sus testimonios y honrar el trabajo incansable de las defensoras de derechos humanos que han impulsado las medidas de memoria, protección y reparación hoy vigentes. No puede haber paz verdadera mientras persistan la impunidad y el silencio frente a la violencia sexual.