Bogotá, 13 de abril de 2026 (@DefensoriaCol). Hace unos días en Montelíbano, Córdoba, una niña de dos años fue víctima de violencias intrafamiliar y sexual. De acuerdo con información conocida por la entidad, la menor de edad ingresó a un centro de salud en el municipio, donde efectivamente le identificaron señales de violencia.

Una vez conocido el hecho, la Defensoría del Pueblo activó la debida atención urgente del caso, designando un defensor público y una representante de víctimas, y adelantando acciones de articulación con el centro de salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Policía de Infancia y Adolescencia. El caso fue trasladado a la Fiscalía 19 Seccional Montelíbano.

Asimismo, acompañó las audiencias de legalización de captura e imputación de cargos por los delitos de tentativa de feminicidio en concurso con acceso carnal violento contra dos personas. A los presuntos responsables les impusieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario de Montería.

A la fecha, la entidad continúa haciéndole seguimiento al estado de salud de la niña y a la respuesta institucional, con el fin de que le sea garantizada su protección integral, activadas las rutas especializadas y su acceso a la justicia.

Sin embargo, reconoce la celeridad en la actuación de la institucionalidad y hace un llamado a las autoridades competentes para que, en el proceso de investigación, sea prevenida cualquier forma de revictimización a la menor de edad, pero también que sean desarrolladas todas las acciones en el marco de la debida diligencia y del interés superior de niñas, niños y adolescentes (NNA).

La Defensoría no se cansará de condenar y reprochar cualquier acto de violencia contra NNA, más aún cuando, por su edad o situación de vulnerabilidad, no puedan denunciar los hechos en su contra o comunicar su dolor.

Una o un menor de edad que es víctima de violencia intrafamiliar o sexual tiene graves consecuencias para el resto de su vida que afectan su derecho a un buen futuro. Es por ello que, como sociedad, es un imperativo protegerles dentro y fuera de sus hogares.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo les solicita al ICBF, a la Policía Nacional y a la Fiscalía General de la Nación realizar todas las actuaciones necesarias para proteger y garantizar los derechos de esta niña y de todas las demás niñas, niños y adolescentes que han sido violentados y requieren protección y cuidado en Córdoba y demás departamentos del país.