Defensoría del Pueblo advierte sobre graves afectaciones a la población civil por paro armado del ELN en el Bajo Baudó
- Mié, 18 mar 2026
Bogotá, 18 de marzo de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación por el paro armado indefinido anunciado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través de su Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla, el cual afecta gravemente el ejercicio de derechos fundamentales como la vida, la integridad personal, la seguridad, la libre locomoción, la salud, la educación y el trabajo de la población que habita en las zonas urbana y rural del municipio de Bajo Baudó, en el departamento del Chocó, así como los de las comunidades asentadas en las cuencas del río Docampadó y otros afluentes que interconectan el suroriente del departamento.
El paro armado, el primero registrado en Chocó este año y que inició a las cero horas de este martes 17 de marzo, incrementa los riesgos para la población civil. En particular, afecta a 16 comunidades afrocolombianas, equivalentes a 530 familias (1.933 personas), y a nueve comunidades indígenas —pertenecientes a los pueblos Unión Pitalito, Puerto Piña, Puerto Chinchillano, Bajo Grande, Santa Rosa, Playa Linda, Puerto Galves, Bella Vista y Puerto Ismarek— integradas por 886 familias (4.114 personas).
En total, son 25 comunidades, sujetos de especial protección constitucional, las que resultan impactadas por esta situación en el municipio de Bajo Baudó.
Uno de los principales efectos del paro armado es el confinamiento de las comunidades, lo que limita gravemente su movilidad por los corredores fluviales y restringe el reaprovisionamiento de alimentos básicos indispensables para su subsistencia. Esta situación también afecta el desarrollo de jornadas de atención en salud en los territorios, la asistencia a clases de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
De igual manera, las misiones humanitarias enfrentan restricciones para desplazarse hacia las zonas donde hay condiciones de confinamiento.
La Defensoría del Pueblo recuerda que, en el marco de los conflictos armados no internacionales, todas las partes en confrontación están obligadas a respetar y proteger a la población civil, conforme a las normas del derecho internacional humanitario (DIH). En ese sentido, las amenazas, intimidaciones o medidas que generen terror en la población civil, así como las restricciones generalizadas que afecten su acceso a bienes indispensables para la supervivencia o que impidan la asistencia humanitaria, contravienen los principios y obligaciones establecidos en el DIH.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a las autoridades competentes y a los organismos de seguridad para que adopten medidas inmediatas, coordinadas y con enfoque diferencial que permitan proteger de manera efectiva a las poblaciones del Bajo Baudó y de los territorios aledaños.
Asimismo, insta al Ejército de Liberación Nacional (ELN) a cesar de manera inmediata el paro armado y a respetar estrictamente las normas del DIH, en particular el principio de distinción y la obligación de garantizar la protección de la población civil. Ninguna acción en el marco del conflicto armado puede poner en riesgo la vida, la dignidad y los derechos de las comunidades.
Los derechos y la protección de los pueblos étnicos del Chocó deben prevalecer en todo momento. Ninguna comunidad puede quedar atrapada en medio de las dinámicas del conflicto armado.
