Bogotá, 28 de marzo de 2026. (@defensoriacol). La Defensoría del Pueblo celebra la sanción presidencial de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria, aprobada por el Congreso de la República en agosto del año pasado. La firma del presidente de la República pone en vigencia uno de los instrumentos jurídicos más importantes de los últimos años para el trámite de conflictos sobre tierras y otras cuestiones agrarias, como contratos agrarios, derechos sobre la pesca, entre otros. La Corte Constitucional validó dicha Ley en la Sentencia C-340 de 2025 y ordenó adoptar el enfoque diferencial étnico y de género en su integración y formación.

Desde la aprobación del Punto 1 del Acuerdo Final de Paz, así como desde la reforma constitucional introducida en el Acto Legislativo 03 de 2023, nuestro país se acerca cada vez más a la puesta en marcha de la esperada Jurisdicción Agraria.

Ahora bien, el proyecto de ley ordinaria que establece su procedimiento todavía está a la espera del debate y aprobación por parte de las plenarias de Senado y Cámara de Representantes. Su plazo va hasta el próximo 20 de junio.

La Jurisdicción Agraria, la que finalmente apruebe el Congreso en el marco de su autonomía, le otorgará garantías y mayor seguridad jurídica no solamente al campesinado, sino, en general, a todos los actores de la ruralidad.

Además, favorecerá la soberanía alimentaria y la superación de las amplias barreras que hoy limitan mayormente el acceso de la mujer rural y campesina a la propiedad de la tierra, a los programas sociales, a incentivos y al crédito agropecuario, así como a la resolución de las conflictividades sobre la tierra, para lo cual se establecen la mediación, facilitación y conciliación como elementos claves. 

La Defensoría del Pueblo invita al Congreso de la República a entender que la entrada en vigencia de la Ley Estatutaria es también un mandato para avanzar en el debate y aprobación del proyecto de ley ordinario pendiente, antes de que termine esta Legislatura. La Defensoría del Pueblo seguirá acompañando el debate para contribuir a la construcción de consensos que permitan un pronto inicio de la justicia para el campo y permitan seguir avanzando en la implementación del Acuerdo Final de Paz.