Cerca de un año llevan secuestrados en Arauca dos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y dos miembros de la Policía Nacional por el Frente de Guerra Oriental del ELN. Tras el anuncio de un "juicio revolucionario" contra ellos, la Defensoría del Pueblo rechazó el procedimiento, exigió su liberación inmediata y pidió al Gobierno nacional fortalecer el acompañamiento a las familias.

El Frente de Guerra Oriental del ELN anunció que llevó a cabo un "juicio revolucionario" contra los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación Jesús Antonio Pacheco y Rodrigo López, y contra los miembros de la Policía Nacional Franque Hoyos y Yordin Fabián Pérez, quienes permanecen secuestrados en Arauca. El grupo armado informó además la imposición de decisiones ilegales en su contra.

Estas personas llevan cerca de un año privadas de la libertad. El cautiverio ha generado afectaciones a su salud física y mental que agravan su sufrimiento y el de sus familias, niegan a sus hijos e hijas el derecho a crecer con sus padres y mantienen a sus seres queridos en una situación de angustia permanente.

Un procedimiento ilegal e ilegítimo

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, fue categórica frente al anuncio del ELN: "El secuestro está completamente prohibido por el Derecho Internacional Humanitario. La libertad debería haber sido inmediata e incondicionada".

Marín Ortiz advirtió que el denominado "juicio revolucionario" no otorga ninguna validez jurídica a la privación de libertad de estas personas. "El hecho de que hagan una especie de juicio no valida esta privación de la libertad. Este procedimiento no valida la práctica, que sigue siendo ilegal e ilegítima", señaló.

La Defensora explicó que el ELN busca mostrar una apariencia de legalidad dentro de su propio ordenamiento, pero que la toma de rehenes y la privación arbitraria de la libertad constituyen un delito bajo el ordenamiento jurídico nacional e internacional. "No importa este procedimiento: sigue siendo una práctica ilegal e ilegítima", reiteró.

Exigencia al ELN y llamado al Gobierno Nacional

La Defonsoría del Pueblo exige al ELN la liberación inmediata e incondicionada de los cuatro funcionarios y de todas las personas secuestradas en Arauca, así como el respeto pleno de su vida, su integridad y su libertad.

Al Gobierno nacional, la entidad le solicitó fortalecer las acciones orientadas a la liberación de estas personas y garantizar un acompañamiento directo y efectivo a sus familias. "Hemos solicitado al Gobierno una atención directa a las familias. Las familias se han sentido solas: han acudido a nosotros y hemos escuchado su clamor, pero han sentido que no ha habido suficiente acompañamiento de parte del Gobierno Nacional", afirmó la Defensora.

Solidaridad con las víctimas y sus familias

Finalmente, la entidad expresa su solidaridad con quienes permanecen secuestrados y con sus familias, y reitera su disposición a contribuir a la liberación incondicionada e inmediata de todas las personas privadas de la libertad por el ELN en Arauca.