Bogotá, 25 de febrero de 2025 (@DefensoriaCol). En una sesión técnica convocada por la Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, luego de que profiriera el auto 2045 de 2024, derivado de una tutela presentada por la Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Awá (Unipa) en contra de Ecopetrol y Cenit (compañía filial de Ecopetrol), la Defensoría del Pueblo le solicitó al alto tribunal emitir un fallo favorable para el pueblo Awá, asentado en el departamento de Nariño.

 Este pueblo ha sufrido afectaciones significativas debido al paso del Oleoducto Transandino a través de sus territorios ancestrales, lo que pone en grave riesgo su pervivencia.

 Hay una estrecha relación, además, entre el transporte de petróleo, las economías ilícitas y la profundización del conflicto armado. Esta situación ha generado un impacto desproporcionado en el territorio, el medioambiente y la vida cultural del pueblo Awá, ya que la presencia de las estructuras armadas no estatales y los múltiples atentados al Oleoducto tienen en riesgo a esa población indígena.

 La problemática de los derrames de crudo ha resultado en un impacto ambiental y social, pues han generado contaminación en ríos y fuentes de agua, afectando la biodiversidad que sirve de sustento a las comunidades locales.

Por ende, el propósito del llamado hecho por la Defensoría es asegurar que los derechos culturales, territoriales y medioambientales de ese pueblo indígena sean respetados y protegidos, garantizando así su continuidad y bienestar.

 La Defensoría del Pueblo subraya la importancia de que la Corte Constitucional profiera un fallo que no solo beneficie directamente al pueblo Awá, sino que también extienda sus efectos positivos a otras comunidades y personas que, aun no siendo parte de la acción de tutela, podrían verse favorecidas por los alcances de la sentencia. La protección de los derechos colectivos y el respeto por las culturas ancestrales son pilares esenciales para la armonía y la equidad en la sociedad.

 Como institución encargada de defender los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo deja claro su compromiso de seguir trabajando de la mano con las comunidades indígenas, a fin de asegurar su voz y participación en la defensa de sus derechos, reconociendo el valor incalculable que estos pueblos aportan a la diversidad cultural de Colombia.

 La tutela fue interpuesta también contra la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Barbacoas (Nariño), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Asociación Nacional de Licencias Ambientales (Anla), entre otros entes.