Bogotá, 16 de junio de 2026 (@DefensoriaCol). El Congreso de la República tiene la oportunidad de adoptar una decisión que contribuya a prevenir la revictimización de las mujeres y fortalecer la respuesta institucional frente a las violencias basadas en género en Colombia. Por ello, la Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a la plenaria del Senado para aprobar, en su cuarto y último debate, el Proyecto de Ley 352 de 2026 Senado (acumulado con el Proyecto de Ley 193 de 2024 Cámara), conocido como la Ley Jineth Bedoya Lima.

La iniciativa legislativa establece un programa obligatorio de capacitación en violencias contra las mujeres y enfoque de género para servidoras y servidores públicos, particulares que ejercen funciones públicas y contratistas de entidades estatales involucrados en la prevención, atención, protección y sanción de estas violencias.

El proyecto responde a una problemática persistente: muchas mujeres víctimas de violencias basadas en género enfrentan nuevas formas de afectación durante sus procesos de denuncia, atención y acceso a la justicia. Por ello, busca fortalecer las capacidades institucionales para garantizar respuestas adecuadas, sensibles y acordes con los estándares de derechos humanos.

La Defensoría del Pueblo ha acompañado su trámite legislativo desde el segundo debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. El pasado 7 de mayo, la entidad remitió un concepto técnico a la Mesa Directiva del Senado en el que reiteró la importancia de aprobar esta iniciativa como un instrumento para fortalecer la garantía de los derechos de las mujeres y avanzar en el cumplimiento de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado colombiano.

En particular, esta iniciativa contribuye al cumplimiento de las medidas de reparación y no repetición ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en el caso Bedoya Lima y otra vs. Colombia. También permite avanzar hacia una política pública sostenida de formación en enfoque de género, con mecanismos de seguimiento y evaluación que aseguren transformaciones reales en la actuación de las instituciones.

La capacitación no puede limitarse a actividades aisladas ni convertirse en un requisito meramente formal. Debe ser obligatoria, periódica, efectiva y verificable. Las personas que ejercen funciones públicas deben contar con herramientas para prevenir las violencias basadas en género, atender adecuadamente a las víctimas y eliminar los estereotipos y prácticas discriminatorias que persisten en el ejercicio de la función pública.

La aprobación de este proyecto de ley aportará a la transformación de la vida de millones de niñas y mujeres en Colombia: el Congreso de la República tiene la oportunidad de adoptar una medida concreta para prevenir las violencias, evitar la revictimización y consolidar instituciones comprometidas con la igualdad y la dignidad de las mujeres.