La Defensoría del Pueblo, en articulación con la Procuraduría General y la Personería Municipal de San José del Guaviare, acompañó durante los días 23 y 24 de octubre una jornada de protesta social en la que participaron más de 400 habitantes de comunidades campesinas del municipio de San José del Guaviare.

Los manifestantes, entre ellos presidentes de las veredas Nueva Tolima, Caracol, Alpes, Tres Tejas, Refugio, Raudal del Guayabero, y del corregimiento El Capricho, entre otras, expresaron su preocupación por el mal estado de las vías de acceso al municipio, situación que afecta de manera directa la calidad de vida de más de 4.000 familias. La falta de mantenimiento de las carreteras ha dificultado el transporte de alimentos y el traslado de personas enfermas, generando graves afectaciones a las comunidades rurales.

Acompañamiento y llamado al diálogo

En cumplimiento de su misionalidad, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al diálogo entre las comunidades campesinas y las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, con el fin de construir acuerdos que garanticen el cumplimiento de los compromisos asumidos en espacios de concertación anteriores, cuyo incumplimiento motivó las recientes manifestaciones como una expresión legítima del derecho a la protesta pacífica.

Durante los hechos, la entidad garante de los derechos humanos acompañó de manera permanente el bloqueo de la vía nacional que comunica al departamento del Guaviare con el Meta, y, por solicitud de las partes, moderó la mesa de diálogo que tuvo lugar el 24 de octubre, logrando la firma de acuerdos entre los representantes del Gobierno departamental y municipal.

La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y la Personería Municipal actuaron como garantes del cumplimiento de los compromisos adquiridos, reiterando su disposición de continuar con el acompañamiento a las comunidades hasta que las soluciones pactadas se materialicen.

 

Compromisos acordados

Entre los compromisos más relevantes se encuentra el inicio del arreglo de las vías rurales por parte de la Gobernación del Guaviare, una vez se obtuvo la viabilidad ambiental del Ministerio de Ambiente para intervenir los tramos que, durante años, habían estado restringidos por razones legales.

Al cierre del evento, las comunidades campesinas reconocieron el acompañamiento permanente de la Defensoría del Pueblo como garante de derechos humanos y mediadora en los procesos de diálogo social.