Magangué, Bolívar, 12 de mayo de 2025 (@DefensoriaCol). En cumplimiento de su misión constitucional de velar por la promoción y protección de los derechos humanos, la Defensoría del Pueblo emprendió una serie de acciones para visibilizar y proteger los derechos fundamentales de las personas habitantes de calle en el municipio de Magangué.

La regional en el departamento instauró una acción popular ante el Juzgado Primero Administrativo de Magangué, con el objetivo de exigir al ente territorial la adopción e implementación de una política pública integral dirigida a esta población históricamente marginada. Esta acción judicial se instaura conforme a lo dispuesto en la Ley 1641 de 2013, cuyo objetivo principal es garantizar, promocionar, proteger y restablecer los derechos de estas personas, buscando su atención integral, rehabilitación e inclusión social.

Previo a esta acción, la Defensoría remitió una solicitud formal al alcalde del municipio, requiriendo información sobre los mecanismos existentes para la protección de esta comunidad y la implementación de programas sociales. Sin embargo, al no recibir respuesta alguna y ante la persistente omisión estatal frente a una población estimada en más de 150 personas en condición de calle, la entidad consideró necesario recurrir a la vía judicial.

La acción popular fue admitida el 6 de febrero de 2025 por el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Magangué, quien estudió su procedencia por encontrarse debidamente fundamentada en los derechos colectivos a la seguridad, la salubridad pública y el acceso a infraestructura adecuada de servicios para esta población vulnerable.

Y es que la ausencia de una política pública que atienda las necesidades de los habitantes de calle es una violación directa al mandato constitucional de protección especial para las personas en circunstancias de debilidad manifiesta. Por ello, la Defensoría del Pueblo reitera su compromiso con esta población y exigimos la acción articulada del Estado en todos sus niveles.

Finalmente, la entidad reafirma su papel como garante de los derechos humanos y hace un llamado a las autoridades locales para que, con enfoque de derechos y bajo los principios de coordinación y subsidiariedad, den cumplimiento efectivo a sus responsabilidades frente a esta comunidad.