• El alto tribunal estudia un caso que puede redefinir la forma como se está aplicando la Ley 2292 de 2023.
• Se trata de una mujer cabeza de familia, privada de la libertad por una conducta estrechamente ligada a condiciones de vulnerabilidad y desigualdad estructural.
• La Defensoría del Pueblo, que la ha representado jurídicamente en su proceso y acompañado ante la Corte, considera esta una oportunidad para unificar criterios y garantizar que la ley cumpla su propósito: ofrecer alternativas penales más justas, proporcionales y acordes con la realidad social de estas mujeres, desde un enfoque de género y de derechos.

Bogotá, 8 de abril de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo le pidió a la Corte Constitucional adoptar una decisión favorable en el estudio del caso de una mujer cabeza de familia privada de la libertad, con el fin de que sea garantizada la correcta aplicación de la Ley 2292 de 2023 bajo un enfoque de género y de derechos en Colombia.

El alto tribunal analiza la situación de quien permanece privada de la libertad desde 2023 por tentativa de hurto en un contexto estrechamente ligado a condiciones de precariedad económica, informalidad laboral y responsabilidades de cuidado. A juicio de la Defensoría, a pesar de cumplir con los requisitos establecidos en la ley, ha enfrentado barreras en la interpretación judicial, particularmente en la valoración de la jefatura de hogar y de las condiciones de marginalidad, que le han impedido acceder al beneficio de sustitución de la pena por servicios de utilidad pública.

La decisión que adopte la Corte no solo definirá su caso particular, sino que también incidirá en los procesos que hoy siguen a la espera de un pronunciamiento judicial en todo el país, pues 5.000 mujeres cumplen inicialmente con dos de los criterios para acceder a este beneficio (tipo de delito y tiempo de condena), lo que evidencia el potencial alcance de esta medida cuando es interpretada conforme a su finalidad.

Tan solo en Bogotá, la entidad ha realizado más de 1.100 entrevistas a potenciales beneficiarias de la norma y presentado más de 100 solicitudes ante los jueces. Sin embargo, cerca del 45 % de estos casos aún no cuenta con un pronunciamiento judicial.

Además, la Defensoría del Pueblo ha identificado múltiples decisiones judiciales que han aplicado interpretaciones restrictivas a los requisitos de jefatura de hogar y condiciones de marginalidad, con lo cual se les ha cerrado la puerta a muchas mujeres para acceder a la sustitución de la pena. Esto pone de presente que la falta de criterios unificados está afectando directamente a mujeres que cumplirían con las condiciones de la ley, prolongando así su permanencia en prisión pese a que podrían acceder a un mecanismo sustitutivo.

Mujeres en contextos de marginalidad

La Ley de Utilidad Pública fue creada como una respuesta de política criminal con enfoque de género, orientada específicamente a mujeres que ejercen la jefatura del hogar y cuya vinculación a conductas delictivas está asociada a contextos de marginalidad y economías de manutención.

Esta norma reconoce que muchas de estas mujeres han sostenido a sus familias en medio de trayectorias marcadas por la precariedad, la informalidad laboral y múltiples formas de exclusión social. No obstante, su implementación ha enfrentado obstáculos derivados de interpretaciones restrictivas que desconocen estas condiciones estructurales y limitan el acceso efectivo al beneficio, incluso en casos que se ajustan al propósito de la ley.

Garantía del enfoque de género en la justicia

La Corte Constitucional tiene la posibilidad de consolidar un precedente que permita aplicar la Ley conforme a su finalidad, esto es ofrecer alternativas penales a mujeres privadas de la libertad que son cabeza de familia y cuya conducta se origina en contextos de marginalidad. Una decisión favorable no solo haría justicia en el caso concreto, sino que contribuiría a evitar que se perpetúen desigualdades en el sistema de justicia, garantizando que las condiciones de vida de estas mujeres sean valoradas de manera integral en las decisiones judiciales.

La Defensoría del Pueblo continuará con su acompañamiento permanente a estos procesos, brindando orientación y seguimiento, e impulsando acciones que protejan de forma efectiva los derechos fundamentales de las mujeres privadas de la libertad. Esto, en el marco de una actuación institucional que reconoce sus contextos de vida, sus responsabilidades de cuidado y la necesidad de avanzar hacia una justicia con enfoque de género, más equitativa y acorde con la realidad social del país.