Defensoría rechaza estigmatización contra pueblos indígenas por autoridades de Bogotá y llama a líderes indígenas a proteger derechos de la niñez emberá
- Dom, 11 may 2025
- El acuerdo con algunos indígenas emberá que estaban ubicados en las inmediaciones del Parque Nacional de Bogotá se logró gracias a la respuesta articulada de la Alcaldía de Bogotá y el Gobierno nacional, con acompañamiento permanente de la Defensoría del Pueblo.
- La Guardia Indígena no es un grupo armado ni es ilegal. Es una forma legítima de organización los pueblos indígenas y sus autoridades, reconocida por la Constitución. De ninguna manera es válido hablar de “reclutamiento” de menores de edad, como lo hizo el secretario de seguridad del Distrito.
- Rechazamos cualquier forma de instrumentalización de niños, niñas y adolescentes. La Defensoría del Pueblo ha insistido a los líderes de quienes estuvieron concentrados en el Parque Nacional que ellos, las autoridades y los cuidadores indígenas, tienen la obligación de garantizar el interés superior de la niñez y, por ende, excluir a los menores de edad de cualquier escenario de desprotección generado por su uso indebido para manifestaciones o confrontación con las autoridades de policía.
Comunicado 17/ Bogotá, 11 de mayo de 2025 (@DefensoriaCol).
- El día de ayer, a altas horas de la noche, se llegó a un acuerdo entre líderes del pueblo Emberá en Bogotá y autoridades nacionales y distritales, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría saluda la articulación positiva entre las autoridades nacionales, territoriales y su interlocución con los líderes de los pueblos indígenas en favor de sus derechos y de los de todas las personas que habitan la ciudad.
- El Pueblo indígena Emberá es víctima de conflicto armado. El desplazamiento forzado de sus territorios ha llevado a muchos de sus miembros a permanecer en Bogotá, igual que a cientos de miles de personas desplazadas en Bogotá provenientes de muchas regiones del país. El racismo estructural y el conflicto armado han puesto al pueblo Emberá en condiciones de extrema vulnerabilidad, incluido el riesgo de exterminio físico y cultural. Como colombianos y colombianas, los indígenas emberá tienen el derecho a circular libremente por el país y todas las autoridades tenemos el deber de trabajar positivamente por la reparación de los daños causados que han afectado sus procesos organizativos, su cultura y su vida e integridad individual y colectiva.
- La respuesta del Distrito a la comunidad Emberá ha sido fundamental para atender a los miembros de la comunidad, pero es indispensable que las autoridades de Bogotá adopten un enfoque de diversidad cultural y anti racista en la atención. No se trata únicamente de dar acceso a la oferta, sino que las autoridades del Distrito reconozcan a los miembros de las comunidades indígenas como verdaderos ciudadanos, sin perjuicio del derecho que tienen los indígenas, si así lo desean, al retorno seguro, digno y sostenible a sus territorios. El retorno es un derecho, no una obligación. Las autoridades gubernamentales deben avanzar en reconocer a los miembros de las comunidades indígenas como verdaderos iguales, respetar su cosmovisión y sus instituciones y su derecho a habitar la ciudad.
- En este contexto, resultan profundamente preocupantes las recientes declaraciones del secretario de Seguridad de la Alcaldía de Bogotá en las que cuestiona si el pueblo Emberá estaría “reclutando” a menores de edad en la Guardia Indígena. Es inaceptable que el funcionario haya formulado una pregunta que asocia a la Guardia Indígena con grupos armados ilegales. La Guardia Indígena es una expresión legítima de los sistemas de gobierno propio reconocida por la Constitución Política de Colombia y respaldada por el derecho internacional. No se trata de un cuerpo armado ni mucho menos ilegal. Los niños, niñas y adolescentes indígenas son parte de las guardias, que son un cuerpo de formación para la pervivencia cultural y organizativa de los pueblos indígenas.
Las afirmaciones del secretario de seguridad denotan desconocimiento de las normas constitucionales que reconocen la autonomía de los pueblos indígenas y su ordenamiento jurídico propio. Además, los estigmatiza, vulneran su dignidad colectiva. El grave desconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas parece ser un síntoma del arraigado racismo, expresado en las declaraciones de las más altas autoridades de la ciudad de Bogotá.
- Ahora bien, el pueblo Emberá y sus autoridades tienen la obligación de proteger el interés superior de la niñez. Su autonomía no les autoriza, bajo ninguna circunstancia a instrumentalizar a niños, niñas y adolescentes en acciones que los exponen y les impiden el ejercicio de sus derechos, como las que se observaron en los últimos días en Bogotá, por parte de algunos miembros de la comunidad Emberá.
La Defensoría del Pueblo ha insistido a los líderes indígenas sobre su obligación de garantizar el interés superior de la niñez y de excluirles de cualquier escenario de confrontación o movilización que ponga en riesgo sus derechos a contar con un entorno protector para el disfrute integral de sus derechos. La autonomía de los pueblos indígenas no es una facultad para comprometer la integridad ni el desarrollo de niños y niñas. Por ello, hemos exhortado a las autoridades competentes a tomar todas las medidas necesarias para proteger efectivamente los derechos de la niñez y, de ser el caso, iniciar el restablecimiento de los derechos de los niños y niñas que han sido instrumentalizados por algunos miembros de la comunidad Emberá.
- Las comunidades Emberá han manifestado su interés de retornar. Exhortamos a las entidades del Gobierno nacional y distrital a articular y coordinar de manera urgente y efectiva los procesos de retorno y reubicación, en el marco de los principios de seguridad, voluntariedad y dignidad para las comunidades Emberá.
