Bogotá, 8 de marzo de 2026 (@DefensoriaCol).  La Defensoría del Pueblo hace un enérgico llamado al Clan del Golfo (autodenominado EGC) y al autodenominado grupo Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN) a dejar a la población civil por fuera de los enfrentamientos armados que han venido teniendo, de manera intermitente, desde el pasado 17 de febrero en zona rural de Aracataca, Magdalena. Los combates de las últimas horas ocurrieron en inmediaciones del sitio conocido como Cerro Azul.

Atendiendo a lo que establece el derecho internacional humanitario (DIH), la conducción de hostilidades exige precaución; es decir, implementar todas las medidas factibles para evitar o reducir al mínimo daños a civiles y bienes protegidos. El pasado febrero, en el marco de los espacios sociojurídicos de conversación, ambos grupos armados firmaron con el Gobierno nacional compromisos sobre el respeto al DIH y a la población civil.

Sin embargo, como resultado de los combates del 6 y 7 de marzo en Cerro Azul, parte alta de la comunidad indígena Serankwa, un miembro de la comunidad murió como consecuencia de la explosión de una granada y al menos seis civiles, también pertenecientes al pueblo indígena Arhuaco, entre ellos un niño de seis años, quedaron heridos y requieren atención médica urgente.

Igualmente, dos mujeres están desaparecidas y ha sido reportada la incineración de viviendas, corrales y animales de propiedad de la comunidad. Las actividades educativas están suspendidas y hay restricciones a la movilidad, material bélico en la zona y riesgos de confinamiento y desplazamiento forzado como consecuencia de las confrontaciones.

Insistimos en la exigencia a los dos grupos armados a cesar definitivamente las confrontaciones y permitir la habilitación de un corredor humanitario libre de minas antipersonal para que la comunidad y los actores humanitarios trasladen a las personas heridas hasta donde puedan recibir la atención que necesitan. Esta solicitud fue transmitida a través de canales humanitarios de los espacios sociojurídicos que el Gobierno mantiene con estos grupos. El autodenominado EGC no ha dado respuesta.

Estos riesgos que se materializaron habían sido advertidos en la Alerta Temprana Estructural 020 de 2025 sobre la Sierra Nevada y también en nuestro comunicado público del pasado 22 de febrero.

Reiteramos la solicitud urgente a las autoridades competentes para atender la situación de riesgo y violación de derechos humanos y al DIH que padecen las comunidades rurales de Aracataca. La Defensoría del Pueblo reconoce el liderazgo y acción permanente de la Gobernación del Magdalena sobre esta situación.

Hacemos un llamado a los entes territoriales a desarrollar acciones de alistamiento y activación de los planes de contingencia y mecanismos de articulación y coordinación con la Unidad para las Víctimas, con el fin de atender humanitariamente a las familias ante eventuales desplazamientos masivos o confinamientos.

La Defensoría del Pueblo continuará realizando sus gestiones humanitarias y de monitoreo, acompañamiento y seguimiento a esta situación para garantizar los derechos de la población civil afectada por el conflicto armado.