Con el objetivo de realizar seguimiento a los compromisos derivados de la Alerta Temprana (AT) 001 de 2026, la Defensoría del Pueblo lideró una misión de verificación durante los días 9 y 10 de abril en zona rural de Mistrató, Risaralda. La jornada permitió el contacto directo con las comunidades de los resguardos indígenas de San Antonio del Chamí, Loma Citabará, Canchívare, El Silencio y Aribató, donde se evaluaron las condiciones de seguridad y el respeto a los derechos fundamentales de sus habitantes.

La comisión técnica, encabezada por la Regional Risaralda, se centró en la promoción de derechos y la prevención del reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, un riesgo latente identificado en la AT 001-26 que afecta también a los municipios de Pueblo Rico y Belén de Umbría. Durante el recorrido, se brindó atención especializada a la población en movilidad humana y se socializó el alcance de la alerta para que las comunidades reconozcan las herramientas de protección a su disposición.

Durante la jornada en el corregimiento de San Antonio del Chamí, una zona históricamente afectada por el conflicto armado, donde la comunidad, con el respaldo de la Defensoría y la Personería Municipal, retomó el reclamo para su reconocimiento como sujeto de reparación colectiva. La Defensoría del Pueblo, que ya coadyuva en este proceso, destacó que este reclamo es coherente con la directriz institucional de acelerar la reparación integral para las víctimas y garantizar la sostenibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, especialmente en territorios con alta presencia de población étnica.

En el marco de la conmemoración del Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, la jornada incluyó espacios de escucha activa donde líderes y lideresas expresaron sus preocupaciones sobre la situación humanitaria actual. La intervención contó con una articulación interinstitucional que sumó los esfuerzos de la Procuraduría Regional y Provincial, el Ejército Nacional, la Policía, la Gobernación de Risaralda y la Unidad para las Víctimas y la Alcaldía de Mistrató.

La misión culminó en la vereda Aribató con un balance positivo en términos de fortalecimiento comunitario para la población en riesgo, desplazada y retornada. La Defensoría del Pueblo mantendrá estricto seguimiento para que las recomendaciones de la Alerta Temprana se traduzcan en acciones concretas que protejan la vida e integridad de los pueblos étnicos en el occidente de Risaralda.