En el marco del Diálogo Defensorial para un Buen Futuro, realizado en la Defensoría del Pueblo, las organizaciones de recicladores de oficio hicieron un llamado al Gobierno Nacional para trabajar de manera articulada en la reglamentación del Decreto 1381 de 2024 que concierne a este sector.

El encuentro convocó al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD),  Ministerio del Trabajo, Departamento Nacional de Planeación, la UAESP y la Procuraduría General de la Nacional así como a representantes de las  organizaciones de recicladores de oficio, con el propósito de dialogar sobre los avances del Gobierno en este proceso normativo que busca fortalecer la formalización y condiciones de operación de estas organizaciones de recicladores.

 Este espacio se desarrolló de manera preventiva, ante el riesgo de escalamiento de conflictos si la reglamentación del Decreto 1381 no se realiza en los tiempos establecidos o sin la participación activa del sector reciclador.

 De acuerdo con el Observatorio para la Conflictividad Social, entre el 1 de enero de 2022 y el 28 de febrero de 2026 se registraron 12.116 eventos de conflictividad social, de los cuales el 0,26 % (31 eventos) están relacionados con los derechos laborales de personas dedicadas al reciclaje. Estas situaciones se han concentrado principalmente en Bogotá D.C. (65 %), y en municipios de departamentos como Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Atlántico, Magdalena, Santander, Sucre y Valle del Cauca.

 Adicionalmente, entre los mecanismos de manifestación más frecuentes se destacan los plantones o concentraciones (61 %), los bloqueos (32 %), así como disturbios y marchas (3 % cada uno) y la Defensoría, ha participado en 12 espacios de diálogo con esta población entre 2022 y 2026, cumpliendo roles de mediación y garantía de derechos.

 

Durante la jornada, las partes coincidieron en la necesidad de avanzar en:
 
•    La reglamentación efectiva del Decreto 1381 de 2024 y su impacto en la formalización de las organizaciones de recicladores.
•    La transición hacia el nuevo marco tarifario del servicio público de aseo y sus efectos en la remuneración de la actividad de aprovechamiento.
•    La garantía de los principios de progresividad, no regresividad e inclusión social en la política pública del sector.
•    La articulación institucional entre el Gobierno Nacional, entidades territoriales, organismos regulatorios y organizaciones de recicladores.
•    Garantías en la aplicación del Decreto 0271 de 2026 que crea la Red de Protección Social para recicladores de oficio.
•    La implementación de un enfoque diferencial en las actividades de inspección, vigilancia y control de las organizaciones de recicladores.
•    Las acciones afirmativas concretas que está implementando la UAESP a favor de las organizaciones de recicladores de oficio de Bogotá D.C.

La Defensoría del Pueblo realizará acompañamiento y seguimiento a los compromisos con el fin de garantizar el pleno y efectivo goce de los derechos de las personas recicladoras de oficio en Colombia.

El Diálogo Defensorial para un Buen Futuro: “Por la garantía y el respeto a los derechos de las personas recicladoras de oficio” tuvo como propósito promover el diálogo para transformar la conflictividad que surge de las inconformidades, controversias y vulneraciones de derechos humanos en el desarrollo del oficio esforzado de la población recicladora.