En Puerto Carreño, Vichada, la Defensoría del Pueblo promovió un diálogo intercultural sobre la implementación y el seguimiento a las órdenes de la Sentencia T-420 de 2025 de la Corte Constitucional, orientada a la protección de los derechos fundamentales de la niñez indígena en Vichada.

La jornada tuvo como propósito revisar los avances, resultados y desafíos en la ejecución de acciones institucionales relacionadas con seguridad alimentaria, acceso al agua potable, reducción de la desnutrición infantil, atención integral a la primera infancia y garantía del derecho a la salud. El espacio de diálogo también buscó fortalecer la articulación entre niveles de gobierno y actores institucionales para superar las brechas estructurales identificadas por el alto tribunal.

Durante el encuentro se evidenciaron dificultades asociadas a la escasa articulación interinstitucional y a la baja presencia efectiva de algunas entidades en territorio, factores que han incidido en la implementación de acciones integrales y sostenibles. En ese contexto, las autoridades indígenas insistieron en la necesidad de que las intervenciones estatales se construyan mediante procesos de concertación que respeten sus usos, costumbres y dinámicas culturales, garantizando su pertinencia y efectividad.

Con el fin de orientar el desarrollo del espacio, se promovió un ejercicio de diálogo técnico a partir de preguntas dirigidas a las entidades participantes, enfocadas en el diagnóstico de la implementación del fallo, las acciones adoptadas para superar barreras, el relacionamiento con las comunidades, la articulación interinstitucional y la implementación en territorio de las órdenes judiciales en materia de derechos de la niñez.

En la jornada participaron cerca de 70 personas, entre autoridades tradicionales de los resguardos La Pascua, La Llanura, Kanalitojo y Wazapana Dagua, así como representantes de organizaciones indígenas como la Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas del Vichada y Orinoco (ORPIBO), la Asociación de Cabildos Indígenas Sikuani y Amorúa (ASOCCIAN) y el Cabildo Disperso Múltipueblos El Picacho.

Por parte de la institucionalidad hicieron presencia la Gobernación de Vichada, las alcaldías de Puerto Carreño, La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo, así como delegados de los Ministerios del Interior, Igualdad, Agricultura y Desarrollo Rural, además del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) Regional Vichada y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres (UNGRD), entre otras.

La Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso con la promoción de espacios de diálogo que permitan avanzar en la garantía efectiva de los derechos de la niñez indígena, en el marco de un enfoque diferencial, territorial y de derechos humanos, contribuyendo a la construcción de un Buen Futuro Hoy para la niñez y adolescencia del Vichada.

Desde la entidad se ha venido adelantando, en los últimos meses, un proceso de socialización de la Sentencia T-420 de 2025 en los resguardos indígenas del departamento, con el propósito de garantizar que las comunidades conozcan su alcance y cuenten con herramientas para exigir su cumplimiento en sus territorios. Estas jornadas se han desarrollado en municipios como Puerto Carreño, La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo, e incluyen espacios de diálogo intercultural con apoyo de traductores en lenguas amorúa, sikuani y piaroa.

Asimismo, se destacó la importancia de consolidar mecanismos de articulación interinstitucional y participación comunitaria que permitan que las acciones derivadas del fallo se ejecuten de manera coordinada y respondan a las necesidades de las comunidades, contribuyendo a superar las brechas estructurales que persisten en el departamento.