Así lo afirmó Otálora Gómez esta mañana durante un debate en la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas en el Congreso de la República, donde manifestó la necesidad de incrementar de manera significativa los recursos para la contratación de 1.300 nuevos defensores públicos, quienes representarían a las víctimas.

Otálora Gómez aseguró que el Estado se acostumbró a que varias entidades vivan de la caridad pública. Tal es el caso de la Defensoría, a la cual no se le han destinado recursos para garantizar que la Ley de Víctimas pueda aplicarse de la mejor manera.

El Defensor del Pueblo, quien estuvo acompañado por la Contralora Sandra Morelli, le solicitó al Ministerio de Hacienda juego limpio con el tema presupuestal, ya que considera que es evidente la falta de planeación en un tema tan importante para el país como la Ley de Víctimas.