La Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y los delegados de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas, que conforman la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, se reunieron durante la semana del 9 al 13 de noviembre de 2020 con 28 entidades del Gobierno nacional, para que expusieran su posición frente a las 117  recomendaciones que se les hicieron en el Séptimo Informe de esta Comisión radicado el pasado mes de agosto ante el Congreso de la República.

Las entidades convocadas fueron los Ministerios de Salud, Interior, Hacienda, Vivienda, Trabajo, Justicia, Agricultura, Educación, Comercio, Defensa y Cancillería, así como el Departamento Nacional de Planeación, Prosperidad Social, la Unidad para las Víctimas, la Unidad de Restitución de Tierras, el ICETEX y el SENA.

También fueron citadas la Agencia de Renovación del Territorio, Agencia Nacional de Tierras, el Centro Nacional de Memoria Histórica, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Registraduría Nacional, la Fiscalía General de la Nación, la Superintendencia de Notariado y Registro, el Banco Agrario, el Consejo Superior de la Judicatura, Fiduagraria y la Consejería Presidencial para la Estabilización y Consolidación.

De las recomendaciones presentadas, 84 fueron acogidas de manera total, 16 parcialmente y 17 no fueron aceptadas, conceptos que fueron remitidos con la correspondiente justificación por parte de las entidades del Gobierno.