•    Es por ello que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 013 de 2026 para el casco urbano del municipio y su zona rural.
•    La presencia de estructuras ilegales podría derivar, además de disputas, en subordinación o tercerización de actividades ilícitas. 
•    En consecuencia, hay peligros para la vida, integridad, libertad y seguridad personal de la población civil, que incluye a resguardos del pueblo Wayúu.
•    Urge la puesta en marcha de acciones que mitiguen lo que está ocurriendo, a partir de 18 recomendaciones formuladas por la entidad.

Bogotá, 29 de junio de 2026 (@DefensoriaCol). El grave riesgo para la población civil derivado de la expansión territorial de las autodenominadas ACSN hacia Maicao (La Guajira), en su interés por consolidar el control sobre corredores estratégicos y economías ilícitas, llevó a la Defensoría del Pueblo a emitir la Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 013 de 2026, documento de advertencia y prevención que, en ningún caso, es predictivo.

El escenario de peligro se configura por la convergencia de múltiples actores y dinámicas de disputa. En primer lugar, la entidad advierte una pretensión de consolidación de las ACSN en el casco urbano y los corregimientos Carraipía, La Majayura y Paraguachón, lo cual genera tensiones con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), grupo armado que mantiene un control hegemónico histórico en zonas rurales. También están en riesgo los resguardos indígenas Alta y Media Guajira, Okochi y Wopumuin Junain Maikou, del pueblo Wayúu.

Un segundo escenario de riesgo se localiza en el corregimiento Paraguachón, donde existe una coexistencia obligada y dominios fragmentados entre el ELN y el grupo disidente Segunda Marquetalia, pues se dividen el control de pasos fronterizos informales conocidos como "trochas" (entre ellas La 80 y La Cortica) para el tránsito de rentas ilegales. 

Finalmente, en el casco urbano persiste una violenta disputa territorial entre las estructuras de criminalidad organizada ‘Los Rafita’ y ‘Los Payasos’, a la que se suma la reciente incursión de ‘La Banda del Oso’.

La presencia de estas estructuras podría derivar, además de disputas, en subordinación o tercerización de actividades ilícitas. En consecuencia, se incrementa el riesgo para la vida, la integridad, la libertad y la seguridad personal de las y los habitantes de las zonas urbana y rural del municipio.

Es preciso remarcar que Maicao, por su condición de zona de frontera con Venezuela y su función como corredor de movilidad de personas, bienes y economías lícitas e ilícitas, ha favorecido la presencia de grupos armados ilegales y estructuras de criminalidad organizada con capacidad de ejercer control territorial y social sobre el municipio.

Hechos de violencia en 2026 y gobernanza armada ilegal

La Defensoría alerta sobre la materialización de graves hechos violentos que demuestran la inminencia del riesgo. En lo que va del 2026, ha registrado homicidios múltiples de alto impacto, como el ocurrido el 9 de enero en el barrio Altos de Parrantial, donde fueron asesinados cinco jóvenes. Asimismo, el 12 de abril, en el barrio Villa Mery, hombres armados asesinaron a cinco personas, incluidos dos menores de edad. 

Estos hechos se complementan con el uso de videos intimidatorios difundidos en redes sociales, en los que se muestran actos de tortura y declaraciones forzadas como mecanismo de disciplina social.

Los grupos armados ilegales y las estructuras criminales están imponiendo una gobernanza armada ilegal y el control social a través de la regulación de la vida cotidiana, la imposición de normas de conducta, el cobro de extorsiones a comerciantes y mototaxistas, así como restricciones a la movilidad en las zonas de frontera. 

Las autodenominadas ACSN utilizan narrativas de ser "garantes de orden" para buscar aceptación social mientras instrumentalizan a bandas locales mediante esquemas de tercerización criminal.

Pueblos indígenas, de los más afectados

El riesgo es especialmente crítico para el pueblo indígena Wayúu, cuyas autoridades tradicionales y territorios se ven vulnerados por el tránsito de actores armados. De igual forma, las niñas, los niños y adolescentes (NNA) enfrentan un alto peligro de reclutamiento, uso y utilización por parte de estos grupos para actividades asociadas a economías ilegales. 

La población migrante y las y los líderes sociales también se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad, siendo víctimas de amenazas, estigmatización y desplazamientos forzados.

Acciones a tomar

Ante este panorama, la Defensoría del Pueblo formuló en su ATI un total de 18 recomendaciones de carácter urgente a entidades como el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, la Gobernación de La Guajira, como también a la fuerza pública, instándoles a tener en cuenta el cumplimiento de los deberes de respeto, garantía y salvaguarda de los derechos humanos.

Igualmente, el llamado lo extiende a la Unidad Nacional de Protección (UNP), al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a la Unidad para las Víctimas (Uariv), a la Consejería Comisionada de Paz, a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, entre otros entes.

Las acciones recomendadas están orientadas a la disuasión de la amenaza, la prevención del reclutamiento de NNA, la protección colectiva de las comunidades étnicas y el fortalecimiento de la investigación judicial para desmantelar las estructuras criminales que delinquen en Maicao.