La Defensoría del Pueblo instauró una acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales a la educación, igualdad, integridad física y libre desarrollo de los estudiantes de la sede educativa rural Volcán Dokera, perteneciente a la Institución Educativa Los Mangos, ubicada en el corregimiento El Tres, vereda Caracolí, en el distrito de Turbo (Antioquia).

Este centro educativo, que atiende a 50 estudiantes indígenas en grados de preescolar a 11°, funciona en condiciones indignas y de alto riesgo: un espacio abierto, cubierto únicamente con techos de lona y plástico, sin paredes, baños, agua potable, electricidad ni restaurante escolar. La precariedad de la infraestructura vulnera de manera directa los derechos de los niños, niñas y adolescentes que allí estudian.

Cabe recordar que en marzo del 2024 la infraestructura educativa sufrió daños considerables debido a un vendaval. Para esa fecha parte del techo del salón donde recibían clases se cayó ante las fuertes brisas, situación que repetiría en noviembre y derivó en el colapso total de la edificación.

Ante esta situación, el juez de tutela emitió un fallo favorable, en firme desde el 15 de marzo de 2025, en el que amparó los derechos fundamentales a la educación, igualdad, integridad física y libre desarrollo de los estudiantes, quienes hacen parte del pueblo indígena Embera.

AsImismo, ordenó al Distrito de Turbo y a la Secretaría de Educación Distrital iniciar en un plazo máximo de 48 horas la adecuación o construcción de la sede educativa, incluyendo baños, zonas de recreo, dotación de salones con ventiladores, y la instalación de servicios básicos de electricidad y agua potable.

Dentro de los alcances del fallo también se dispuso que se reubicara de manera temporal a los estudiantes y las estudiantes en instalaciones adecuadas mientras se adelanta la construcción definitiva.

Actualmente, la entidad hace seguimiento estricto al cumplimiento de esta sentencia, incluyendo la activación de un incidente de desacato. Como medida provisional, el Distrito de Turbo dispuso 30 millones de pesos para adecuar un espacio temporal que garantice condiciones dignas para las jornadas académicas, mientras se espera que antes de diciembre de esta vigencia se aseguren los recursos necesarios para la construcción definitiva.

La Defensoría del Pueblo subraya que este fallo constituye un avance significativo en la garantía de los derechos de la niñez indígena en zonas rurales apartadas, y reitera su compromiso de acompañar a esta comunidad educativa hasta lograr soluciones reales y efectivas que dignifiquen el derecho a la educación.