Luego de que la Corte Constitucional profiriera la Sentencia T-420 de 2025, con la que le ordena al Estado implementar medidas urgentes y estructurales que garanticen los derechos a la salud, al agua potable, a la alimentación y a la vida de la niñez indígena en Vichada, la Defensoría del Pueblo, como lo ordena el alto tribunal, ha venido socializando el fallo en los resguardos afectados.

El proceso lo inició en febrero pasado en comunidades indígenas de la zona rural de Puerto Carreño, y tiene previsto llegar a 27 resguardos en total de La Primavera, Santa Rosalía y Cumaribo. Todas las jornadas cuentan con traductores en lenguas amorúa, sikuani y piaroa; esto, para garantizar que la Sentencia sea comprendida y, en ese mismo sentido, su cumplimiento pueda ser exigido por las comunidades.

Lo ordenado por la Corte es el resultado de una acción de tutela interpuesta por la Defensoría, luego de que constatara la problemática persistente y generalizada que ha afectado a comunidades indígenas de esos cuatro municipios.

En los primeros encuentros han participado autoridades tradicionales, líderes y miembros de los resguardos Cachicamo, Bachaco, Kanalitojo, Mesetas Dagua, Caño Guaripa, La Hormiga, Wazapana Dagua, Guacamaya Maipore y La Mayera, así como integrantes de las comunidades indígenas Piedra Tonina y Tuteque Roncador.

Durante las jornadas, que en total serán diez, las comunidades han expresado su interés en que las órdenes de la Corte se traduzcan en mejoras reales en la atención en salud, el acceso a agua potable y la seguridad alimentaria, respetando sus prácticas culturales y su autonomía. Sobre todo, porque la respuesta de las instituciones competentes, como lo dice la alta corporación judicial, fue en el pasado insuficiente y desarticulada; además, porque esta situación representa una amenaza real y grave para la niñez indígena del territorio.

El proceso de socialización cuenta, además, con el acompañamiento de las organizaciones indígenas Orpibo y Asocsiam, que han respaldado estos espacios como escenarios fundamentales para fortalecer la participación comunitaria y el seguimiento al cumplimiento de la Sentencia.

La Defensoría del Pueblo seguirá acompañando a las comunidades indígenas del Vichada en la defensa de los derechos de sus niñas y niños, como también continuará ejerciendo su labor de vigilancia y seguimiento para que la Sentencia T-420 se materialice en acciones concretas que garanticen condiciones de vida digna para la niñez indígena del Vichada.