Con el objetivo de contribuir activamente a la humanización de las cárceles y a la defensa de los Derechos Humanos de los detenidos, la Defensoría del Pueblo Regional Bogotá realizó cuatro procesos de formación en Derechos Humanos dirigidos a los Comités y Mesas de trabajo de cuatro centros de reclusión de la capital colombiana (Cárcel Distrital de Varones y Mujeres de Bogotá, Cárcel Modelo, Penitenciaría Central La Picota y Reclusión de Mujeres El Buen Pastor), generando procesos de comunicación entre los internos, las autoridades penitenciarias y los organismos de control y creando un documento base que servirá de insumo de trabajo para el proceso pedagógico en los procesos de réplica.
 

Con la finalidad de incrementar el número de denuncias y coadyuvar en la solución de las mismas, la Defensoría del Pueblo mediante el uso de los mecanismos de participación ha privilegiado la formación en Derechos Humanos de los miembros de los diferentes Comités y Mesas de Trabajo de las cárceles de Bogotá, como interlocutores válidos entre la población penitenciaria en general y las instituciones del Estado encargadas de la protección de sus derechos, realizando de manera permanente los ciclos de promoción y divulgación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El reconocimiento de los Comités de Derechos Humanos como interlocutores calificados, puede considerarse como un significativo avance en espacios donde hasta hace un tiempo, el temor a las represalias y traslados se convirtieron en el primer aliado en la violación de los derechos de los internos. Este avance obedece a las gestiones institucionales de promoción, pero también a aquellas herramientas jurídicas implementadas que permiten garantizar la permanencia de los miembros de los Comités sin cambios que no obedezcan a motivos de estricta disciplina o seguridad de los establecimientos.

Del 3 de marzo al 23 de mayo de 2008, se realizó el ciclo de formación en los cuatro principales cárceles de Bogotá, mediante un convenio de cooperación efectuado con la  Procuraduría General de la Nación y la Personería de Bogotá  con los apoyos institucionales  de acuerdo a las competencias, bajo la coordinación de los profesionales de la Defensoría del Pueblo Regional Bogotá.

Los beneficiarios directos fueron los miembros de los Comités de Derechos Humanos, y los miembros de las diferentes mesas de trabajo y representantes de patio de cada centro intervenido y los cónsules de Derechos Humanos de cada establecimiento, quienes posteriormente realizaron procesos de réplica con el resto de la población reclusa.