• La capital Riohacha y los municipios de Dibulla y San Juan del Cesar están en peligro extremo por cuenta de la disputa armada entre el Ejército Gaitanista de Colombia y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.
• Es por ello que la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana 010 de 2025. Los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como los de jóvenes, mujeres y personas defensoras de derechos humanos, deben ser protegidos.
• En la Alerta, la entidad formula 31 recomendaciones, con el propósito fundamental de que sean puestas en marcha medidas de disuasión, protección y respuesta rápida.

Bogotá, 1 de agosto de 2025 (@DefensoriaCol). Como entidad que vela por la salvaguarda de los derechos humanos en Colombia, la Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana (AT) 010 de 2025 para los municipios de Dibulla y San Juan del Cesar y la ciudad de Riohacha, en el departamento de La Guajira, en razón a la disputa armada entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN).

El intento por consolidarse en los cascos urbanos y las zonas rurales tiene en riesgo extremo a los habitantes de las zonas urbanas y rurales de los dos municipios y de la capital guajira, entendido como la expansión territorial, militar y política que pretende el EGC, a través de su Frente Francisco José Morelos Peñate, del Bloque Nelson Darío Hurtado, y el recrudecimiento hegemónico de las ACSN, por medio del accionar de su Frente Javier Cáceres.

La actual situación puede derivar en graves impactos sobre los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de la población civil, como comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, además de menores de edad, jóvenes, mujeres, población con orientación sexual e identidad y expresión de género no hegemónica (OSIEGNH), personas defensoras de derechos humanos y de quienes ejercen liderazgos sociales.

Todas están expuestas a múltiples repertorios de violencia, que incluyen confrontaciones armadas, homicidios selectivos y múltiples, desplazamientos forzados individuales y masivos, confinamientos prolongados, reclutamiento y explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, así como la imposición de ‘normas de conducta’, restricciones a la movilidad, extorsiones y amenazas.

La presencia armada de esos grupos armados no estatales despoja a las comunidades de sus derechos, fragmenta el tejido social, impone economías criminales y amenaza directamente bienes protegidos por el derecho internacional humanitario (DIH), como escuelas, centros de salud y lugares sagrados de los pueblos indígenas. Además, los corredores estratégicos de la Troncal del Caribe y de la Sierra Nevada de Santa Marta están siendo copados por estas estructuras, que buscan imponer “gobiernos de facto” (sin un fundamento legal) mediante la violencia, el miedo y el control social.

Para Riohacha, hay peligro para sus diez comunas, 14 corregimientos, 66 consejos comunitarios y 15 resguardos indígenas; en el caso de Dibulla, para seis corregimientos, ocho consejos comunitarios y tres resguardos indígenas; para San Juan del Cesar: su casco urbano, diez corregimientos, 26 consejos comunitarios y tres resguardos indígenas.

De no ser puestas en marcha medidas urgentes de disuasión, protección y respuesta rápida, se podría consolidar el control territorial de esos grupos en las zonas advertidas por la Defensoría del Pueblo. Es por ello que, con su AT, formula 31 recomendaciones estructuradas en siete ejes estratégicos, dirigidas a entidades del orden nacional y territorial.

Los siete ejes estratégicos son coordinación de la respuesta rápida, disuasión del contexto de amenaza con enfoque de seguridad humana y protección para las comunidades, investigación y acceso a la justicia, adopción de medidas de prevención y protección a favor de los grupos poblacionales en riesgo, medidas para la asistencia y la acción humanitaria integral, acciones de política pública para la mitigación y superación de vulnerabilidades y, por último, acompañamiento y gestiones preventivas del Ministerio Público.

Las recomendaciones incluyen el fortalecimiento de la reacción pronta a través de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), el despliegue sostenido de operaciones de disuasión por parte de la fuerza pública, a partir de un enfoque de seguridad humana, la implementación de medidas de protección colectiva para pueblos indígenas y afrodescendientes, la activación de respuestas humanitarias ante posibles desplazamientos masivos, el impulso de políticas que mitiguen las condiciones de exclusión social que alimentan el conflicto armado, entre otras.