En 2007 se cumplieron 10 años de actividades de la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), y su mandato acaba de ser prorrogado en forma plena hasta el 2010. Entre sus funciones está la de informar sobre lo observado a la Alta Comisionada, para que esta presente, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, informes analíticos sobre Colombia. Precisamente, el informe sobre DDHHH y DIH en Colombia, correspondiente a 2007, fue socializado a la comunidad vallecaucana y del suroccidente colombiano la semana pasada en la sede de la Defensoría del Pueblo en ese departamento.
 

El informe recoge los principales hechos ocurridos en Colombia durantel 2007, subraya que el conflicto armado interno, el narcotráfico y el crimen organizado continúan teniendo un peso significativo sobre la situación de derechos humanos. En la socialización, que tuvo lugar en la sede de la Defensoría del Pueblo del Valle del Cauca, y que estuvo a cargo de Javier Hernández, representante en Colombia de la OACNUDH y de Daniel Atchebro, Coordinador de la Sub oficina de Cali, estuvieron presentes las principales autoridades de la ciudad y del departamento, el Personero municipal, representantes de la Policía metropolitana y del Valle, así como de la Tercera Brigada del Ejército y los funcionarios del sistema de Naciones Unidas con sede en la región.

En lo que respecta al Valle del Cauca, el informe señala el asesinato de los 11 diputados de la asamblea departamental del departamento, que las FARC mantenían secuestrados desde 2002. “Estas muertes provocaron un rechazo unánime de toda la población, y generaron manifestaciones multitudinarias y un movimiento de opinión para exigir la libertad de todas las personas secuestradas.”

En el ítem de tortura y uso excesivo de la fuerza, se informa que  “se reportaron casos de maltrato atribuidos a miembros de la policía contra la población trangenerista en ejercicio de la prostitución en Bogotá, Medellín y Cali.”

Un aparte del informe, denominado Situaciones de especial preocupación y grupos particularmente vulnerables, señala en un pie de página, que “la oficina en Colombia ha dado seguimiento a situaciones que afectaron también a sectores como las comunidades lesbiana, gay, bisexual y trangenerista, particularmente en casos de homicidios, como los perpetrados contra personas travestis, especialmente en Cali, donde en el primer semestre de 2007 se reportaron 12 homicidios.

En el estudio se presenta, como anexo, un recorrido por los casos representativos de violaciones de derechos humanos e infracciones al DIH.

Sobre el derecho a la vida “se tuvo conocimiento de varios asesinatos de defensores de derechos humanos, sindicalistas y otros líderes sociales (…) El 7 de noviembre, en Cartago, se registró el homicidio de la coordinadora del comité de la Mujer en el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación. El 4 de mayo fue asesinado en Cali, un activista político del Polo Democrático Alternativo.”

En otro numeral se señala que “en septiembre, un defensor de derecho humanos de Tuluá se desplazó a raíz de amenazas de muerte y del secuestro de su esposa (…)”

Sobre el derecho a la integridad peersonal, “se reportaron casos de maltrato presuntamente cometidos por miembros de la policía contra la población transgenerista en ejercicio de la prostitución en Bogotá, Medellín, y Cali.”
 
En cuanto infracciones al DIH, homicidios y amenazas de personas protegidas, el informe reitera lo acaecido con los diputados. “La oficina en Colombia registró en 2007 un elevado número de masacres, la mayoría de las cuales fueron atribuida a miembros de las FARC –EP. El 18 de junio, once diputados del Valle del Cauca, secuestrados por la FARC-EP en 2002, fueron asesinados”.

Posteriormente agrega que “se continuaron registrando homicidios de líderes indígenas. Las FARC–EP fueron presuntamente responsables del homicidio de dos líderes del Cabildo Central de Asentamientos Nasas de Florida”.

En el Ítem de ataques contra la población civil y ataques indiscriminados, se destaca que  “el 9 de abril, un atentado con carro-bomba destruyó las instalaciones del Comando de la Policía Metropolitana de Cali, provocó la muerte de una persona, heridas a 41 y afectó 240 inmuebles” . En el aparte sobre actos de terrorismo se señala en que “varios atentados en Cali y Buenaventura, fueron atribuidos a las FARC –EP, incluyendo cinco ataques realizados el 23 de junio que dejaron 23 personas heridas”.

El último caso reseñado por el informe se refiere a la utilización de minas antipersonal. “En el resguardo de Nulpe (Nariño), 167 familias awas, quedaron aisladas en sus comunidades debido a la cantidad de minas antipersonales sembradas por miembros de las FARC-EP. La misma situación se observó en el resguardo indígena Nasa kiwe (Valle del Cauca)”.

Como se puede apreciar, el informe constituye una importante herramienta para las instituciones de promoción y defensa de los derechos humanos y para toda la sociedad en general.  Conocer y difundir el informe es una labor en la que la Defensoría del Pueblo del Valle del Cauca brindará toda su colaboración. El hecho de que el representante del Alto Comisionado haya presentado su informe en la sede defensorial, demuestra los altos nivel de cooperación  e interlocución que se manejan, especialmente con la Sub oficina de Cali, manifestó el Defensor del Pueblo para el Valle del Cauca, Andrés Santamaría Garrido, al clausurar el evento de presentación del informe.

Finalmente, el informe presenta una serie de recomendaciones que, como ellos mismos plantean, ayudarán “a producir una notable mejora en la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario”.