1. Presentación. El presente informe tiene como objetivo dar a conocer la información consolidada de las presuntas violaciones a los derechos humanos ocurridas en el marco del paro cívico desarrollado en el Distrito de Buenaventura, entre el 16 de mayo y el 6 de junio del 2017; igualmente visibilizar el seguimiento a las investigaciones que se han iniciado por estos hechos por parte de las entidades competentes; e identificar las lecciones aprendidas que pueden permitir mejorar las prácticas institucionales para la garantía del derecho a la protesta en futuros escenarios. Se debe señalar que este documento se elabora con base en la información sobre presuntas violaciones a Derechos Humanos recolectada por las instituciones del Ministerio Público (Personería Municipal de Buenaventura, Procuraduría Provincial de Buenaventura y Defensoría del Pueblo) recepcionada durante el desarrollo del mencionado paro, al igual que la contenida en los reportes emitidos por la Comisión de Derechos Humanos del Comité Cívico. Esta labor se desarrolla bajo el marco constitucional y legal de la institución, y en cumplimiento del compromiso adquirido en el punto sexto del Acta de acuerdo que puso fin al paro, en la que la Defensoría del Pueblo se compromete a “consolidar la información de la gestión realizada por la Personería Municipal, la Procuraduría Provincial, y las denuncias del Comité Cívico”. Para lograr el objetivo propuesto el documento abordará en su orden las siguientes temáticas: antecedentes del paro cívico, desarrollo de las activvidades enmarcadas en el paro, papel del Ministerio Público, análisis de las quejas recepcionadas y las gestiones defensoriales adelantadas, conclusiones y recomendaciones. 2. Antecedentes. “El Municipio de Buenaventura está situado dentro de la Región del Chocó Biogeográfico, la cual cubre una superficie de 50.000 Km2 y va desde la división de aguas en la Cordillera Occidental hasta el Litoral y desde los límites con Panamá hasta la frontera con el Ecuador con 1.400 Km de costa, que incluye 9 parques naturales y 15 distritos biogeográficos, hace parte de una de las regiones de mayor biodiversidad en el mundo” 1 . Buenaventura es el centro urbano y económico de mayor confluencia sobre la Costa Pacífica Colombiana, políticamente pertenece al departamento del Valle del Cauca, se conecta a Cali por vía terrestre a 121 km y 526 km de Bogotá, su población total es 407.539 habitantes. – área urbana 373.597 habitantes2 . Es un territorio habitado por población de afrodescendientes e indígenas históricamente y en menor proporción mestiza, Buenaventura es también el puerto más importante para el comercio exterior colombiano. A pesar de la diversidad y riqueza cultural de este territorio, se conoce sobre los altos niveles de pobreza, dificultades para el acceso a los servicios públicos, salud, vivienda digna, educación, entre otros que limitan la calidad de vida de sus pobladores, sin dejar a un lado los altos niveles de violencia que han padecido sus pobladores hace mucho tiempo. De acuerdo a lo anterior La Defensoría del Pueblo ha exhortado desde el año 2014 a las diferentes entidades del Gobierno Nacional a abordar de manera integral, políticas públicas de seguridad, educación, salud, saneamiento básico, de servicios y derechos humanos para permitir a sus habitantes gozar de un espacio de respeto a la dignidad y al derecho a la vida. Razón por la cual, la entidad solicitó al Gobierno Nacional el establecimiento de una gerencia especial para Buenaventura que articule toda la institucionalidad del Estado para enfrentar de manera más efectiva la situación de violencia y el abandono que presenta este puerto sobre el Pacífico.

Cabe mencionar que la Defensoría del Pueblo desde su competencia misional de prevenir violaciones de Derechos Humanos y proteger de los mismos, ha enfocado diferentes actuaciones Defensoriales en el Distrito de Buenaventura, brindando acompañamiento, asesoría y atención a la población del Puerto, es así y a fin de estar en contacto permanente con la comunidad que se inauguró la Casa de los Derechos de Buenaventura en el año 2014. Sin dejar a un lado el constante monitoreo en el territorio que realiza la entidad a través del Sistema de Alertas tempranas, donde se detenta que persisten actores violentos, grupos delincuenciales asociados al narcotráfico y presencia de guerrillera, lo que ha generado la victimización y re-victimización de una parte importante de su población, situaciones que advierten la existencia de una crisis humanitaria en el pacifico colombiano. En el mes de julio del año 2014, el Gobierno Nacional, anunció al país un plan de choque para superar problemas apremiantes de Buenaventura, asumiendo compromisos para superar problemáticas de agua potable, atención en salud, calidad de la educación y seguridad entre otros temas, los cuales según el Comité Cívico del Paro para el año 2017 no se cumplieron. Previo al inicio del paro cívico, el Defensor del Pueblo Carlos Alfonso Negret Mosquera realizo varias visitas a Buenaventura con el propósito de reunirse con la 2 Documento PND 2014-2018. 5 INFORME DE DERECHOS HUMANOS PARO CIVICO - BUENAVENTURA 2017 comunidad y constatar las condiciones de vida de los habitantes de puerto, como consecuencia de ello la Defensoría del Pueblo convocó a las autoridades nacionales y regionales a una reunión de alto nivel en la ciudad de Bogotá el día 27 de abril de 2017, cuyo objetivo era advertir sobre la grave situación humanitaria de los territorios señalados a propósito de la crítica problemática de seguridad persistente en la región, la pervivencia de las situaciones estructurales que mantienen a la población en permanente condición de vulnerabilidad social y económica, así como reiterar los compromisos adquiridos por el gobierno nacional con las comunidades en los años 2014 y 2016. Asimismo se alertó sobre la débil respuesta de las instituciones del Estado para atender la problemática advertida por la Defensoría, el retorno de las comunidades sin condiciones de dignidad, seguridad y voluntariedad, y la falta de acompañamiento de las autoridades nacionales en el nivel territorial. En esta reunión, la Defensoría del Pueblo recomendó establecer de manera urgente un Plan de Intervención para el departamento del Chocó y el Distrito de Buenaventura a fin de que se adopten las medidas necesarias para atender de manera integral y efectiva las problemáticas humanitarias que se presentan en la zona. 3. Derechos Humanos y Protesta Pacífica.3 En el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se reconoce “ el derecho a la manifestación y a la protesta social a través de la protección armónica y conjunta de los derechos a la libertad de expresión y opinión, la libertad de reunión y la libertad de asociación", cuyo ejercicio pleno y libre sólo es posible bajo entornos propicios y seguros para la población, que impliquen la “ausencia de prácticas que incidan negativamente en el ejercicio de estos derechos y que atenten contra la obligación del Estado de no restricción arbitraria e ilegal de las manifestaciones4 : “La Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales (Declaración sobre los defensores y las defensoras de derechos humanos) reconoce en su artículo 5(a) que “a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, en el plano nacional e internacional: [...] a reunirse o manifestarse pacíficamente”5 “las protestas pacíficas son un aspecto fundamental de una democracia dinámica y los Estados deben reconocer el rol positivo de cumplen estas protestas como un medio para fortalecer los derechos humanos y la democracia”. A/HRC/22/28 – 2013. En Colombia el Derecho a la Protesta Pacífica se reconoce en principios que establecen un marco democrático de relaciones entre el Estado y sus asociados, 3 “La protesta pública es una de las formas de ejercicio del derecho de reunión y de la libertad de expresión, y permite garantizar el buen funcionamiento del sistema democrático” Relator Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamerican que incorpora la participación y la concertación social (es decir, el diálogo y acuerdo) en la formulación de las políticas públicas de desarrollo, como un aspecto fundamental para el desarrollo de la democracia y el mantenimiento de la paz. Dicho marco se concreta en las siguientes garantías constitucionales: “Todas las personas recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos sin ninguna discriminación (…). El Estado adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados y protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”. (Artículo 13).  Toda persona tiene “la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones (…)”. (Artículo 20.)  “La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.” (Artículo 22).  “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución. (…).” (Artículo 23.)  “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente (…).” (Artículo 37.)  La negociación colectiva es el mecanismo de regulación de las relaciones laborales. “Es deber del Estado promover la concertación y los demás medios para la solución pacífica de los conflictos colectivos de trabajo”. (Artículo 55.)  Se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. (Artículo 56).  Se garantiza a las organizaciones sociales el derecho a manifestarse pública y pacíficamente. (Artículo 107, modificado mediante el Acto Legislativo 1/2003)19. 4. Desarrollo del Paro Cívico “Para Vivir con Dignidad y en Paz en el Territorio, 2017”. La población de la ciudad de Buenaventura organizada como mecanismo de exigibilidad de sus Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, tomó la decisión de iniciar un Paro Cívico, haciendo uso de su derecho a la protesta pacífica, a partir del 16 de mayo de 2017, el cual vinculó a todas las fuerzas vivas del municipio, generando una parálisis total, hasta el día 6 de junio, cuando el gobierno y los miembros del Comité Cívico lograron llegar un acuerdo. Organización y Dinámica del Paro: El Comité del “Paro Cívico para vivir con Dignidad y en Paz en el Territorio”, fue conformado por más de 110 organizaciones sociales y populares, docentes, trabajadores informales, Comunidades Negras, Indígenas, Juntas de Acción Comunal, Pastoral Social, Sector Comercio, Transportador – terrestre y fluvial, estudiantil, etc. El Comité Cívico, convocó a la población porteña y solicitó el acompañamiento a Naciones Unidas, la Defensoría del Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Personería Municipal y ONGs Nacionales e Internacionales con el propósito de 7 INFORME DE DERECHOS HUMANOS PARO CIVICO - BUENAVENTURA 2017 prevenir violaciones a los Derechos Humanos y lograr garantías en el marco de la Protesta Social y Pacífica. Pliego de Peticiones: se estructuró en 8 puntos, los cuales según el comité cívico, podían ser atendidos a través de la declaratoria emergencia social, económica y ecológica; para el distrito de Buenaventura, la cual no fue declarada por el Gobierno Nacional, al señalar su inviabilidad jurídica. 1. Cobertura en prevención y atención en salud de baja, media y alta complejidad y medicina tradicional 2. Recuperación y conservación de cuencas y otros ecosistemas estratégicos degradados. 3. Cobertura, calidad y pertinencia de la educación básica, media, técnica y universitaria 4. Fortalecimiento y promoción masiva de las prácticas culturales, recreativas y deportivas 5. Saneamiento básico e infraestructura y operación pública y comunitaria de los servicios públicos domiciliarios 6. Acceso a la justicia y reparación a las victimas individuales y colectivas; 7. Ordenamiento del territorio, como hábitat para la vida y el bienestar colectivo con recuperación y nuevas viviendas para las familias 8. Fortalecimiento de la producción local y regional y otras medidas económicas, jurídicas y políticas que garanticen la generación de empleos dignos y los ingresos requeridos por las familias.