Actualmente estos internos no cuentan con espacios que tengan accesibilidad ni medios que faciliten su resocialización. El grupo más afectado es el de personas con discapacidad por enfermedad mental.

La evaluación que se hace en este estudio está sustentada en el modelo ecológico y analiza hasta qué punto las personas privadas de la libertad con limitaciones funcionales se empeoran en los establecimientos carcelarios porque las ayudas que reciben en los establecimientos de reclusión del país son generalmente precarias.

El informe destaca que el artículo 14 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, en lo relacionado con los discapacitados privados de la libertad fue firmado por Colombia el 30 de marzo de 2007. Desafortunadamente no se ha suscrito el Protocolo Facultativo que permite a personas o grupos de personas presentar peticiones al Comité Especial de la Asamblea de Naciones Unidas, una vez se hayan agotado todos los recursos internos nacionales disponibles, en caso de vulneraciones de derechos humanos.

Las personas internas con alguna discapacidad son miembros de la sociedad y, por lo tanto, deben recibir el apoyo que necesitan en el ámbito de la educación, salud, empleo y servicios sociales.  Basados en esta afirmación y teniendo como base el estudio presentado, la Defensoría hace 20 recomendaciones que se encuentran detalladas en el informe adjunto.