Comunicado 22/ Armenia, Quindío, junio 4 de 2025 (@DefensoriaCol). La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, lideró la instalación del décimo Puesto de Mando Unificado (PMU) en salud en Armenia, Quindío, como parte de una estrategia nacional para coordinar respuestas inmediatas ante las vulneraciones al derecho a la salud. La acción se enmarca en el cumplimiento del punto cuarto del decálogo de la Defensoría, centrado en garantizar el acceso efectivo a este derecho fundamental.

“El PMU en salud es una estrategia de respuesta urgente frente a las crecientes barreras que enfrentan las personas para acceder a servicios de salud, con énfasis particular en el acceso a medicamentos. Esta herramienta nace del aumento acelerado de quejas y reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud y la Defensoría, así como del alto volumen de tutelas por salud que se presentan ante la Corte Constitucional”, afirmó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.

Durante la instalación, la Defensora del Pueblo recalcó que los problemas del sistema de salud son estructurales y no se resuelven con medidas aisladas. Por ello, la Defensoría del Pueblo ha impulsado una metodología conjunta de respuesta rápida que involucra a las entidades del orden nacional, gobiernos locales, prestadores del servicio de salud, usuarios del sistema, veedurías ciudadanas, Conferencia Episcopal de Colombia y asociaciones de profesionales. “Estos espacios permiten, a nivel territorial, tener un diagnóstico sobre la vulneración al derecho a la salud, identificar cuellos de botella, establecer compromisos institucionales y hacer un seguimiento detallado durante tres meses a cada uno de los casos priorizados”, agregó Iris Marín Ortiz.

Se evidenció una crisis estructural en el acceso a servicios y medicamentos en el departamento. Se reportan más de 57.000 entregas pendientes de medicamentos, tiempos de espera prolongados en farmacias, demoras de hasta cinco meses para citas con especialistas y dificultades en la programación de procedimientos quirúrgicos y oncológicos. Además, la ocupación hospitalaria supera la capacidad instalada, varias clínicas han cerrado servicios debido a la millonaria deuda acumulada por parte de las EPS —que asciende a más de un billón de pesos—, se han declarado alertas por alta congestión en la red hospitalaria y un aumento de casos de afectaciones a la salud mental en el departamento.

La instalación de este décimo PMU hace parte de la priorización de 15 departamentos identificados por sus altos niveles de afectación. El balance ha sido positivo: son espacios resolutivos, que permiten llegar a acuerdos, superar bloqueos institucionales y responder de manera inmediata, sin esperar decisiones de largo trámite y haciendo uso de mecanismos administrativos y de conciliación.

Como resultado del PMU, se definieron compromisos clave:

1. La problemática de acceso a medicamentos, especialmente de bajo costo y alta frecuencia de uso, se agudizó por el cierre de la red de dispensación del principal operador de la Nueva EPS. Los nuevos operadores de dispensación no han logrado cubrir las necesidades por su baja capacidad operativa, especialmente en municipios como Calarcá. Se solicita un plan detallado de gestión de pendientes y seguimiento a los mismos.
2. Considerar la dispensación de medicamentos en las Empresas Sociales del Estado –ESES- de los municipios, incorporándolos en la red de contratos de dispensación.
3. Particular atención se requiere en la continuidad de la entrega de medicamentos para salud mental y la atención integral en esta materia.
4. Establecer una mesa específica de cumplimiento de compromisos de pagos a los hospitales en el marco de la comisión de moralización con la Nueva EPS.
5. Programar una jornada específica para la solución de los 800 casos de entregas pendientes de medicamentos registradas en la base de datos de la SNS y hacer seguimiento a los mismos en el seguimiento a este PMU.
6. Para los pagos y recobros de los recursos del departamento al municipio, se priorizarán los pagos a las ESES y a los proveedores farmacéuticos para garantizar que el flujo de recursos mejore la disponibilidad de medicamentos y el acceso a los servicios.
7. Solicitar la selección de la tutela de Calarcá por parte de la Corte Constitucional.
8. Las EPS presentes se comprometen a establecer canales de comunicación efectivos con sus respectivos gestores farmacéuticos, con el fin de garantizar la entrega oportuna, veraz, consolidada y sistematizada de la información requerida por los órganos de control, permitiendo el seguimiento y la presentación de avances frente a las problemáticas identificadas.
9. Las EPS participantes deberán diseñar y remitir un plan de acción que contemple las actividades y medidas concretas para eliminar las barreras reportadas que dificultan la labor de los órganos de control. Este plan deberá ser enviado a más tardar el próximo 2 de julio de 2025 al correo electrónico: quindio@defensoria.gov.co
10. Las instituciones del Ministerio Público y demás órganos de control se comprometen a fortalecer y optimizar sus equipos humanos y recursos técnicos, con el propósito de mejorar los procesos de recolección de datos, seguimiento e incidencia en la toma de decisiones oportunas y efectiva. 

La instalación del PMU en Quindío contó con la participación de la Gobernación del Quindío, la Alcaldía de Armenia, y autoridades nacionales como el Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la ADRES, entidades promotoras de salud (EPS) y actores clave del sistema regional de salud.