Leticia (Amazonas), 12 de diciembre de 2024 (@DefensoriaCol). El Tratado de Escazú, un acuerdo regional pionero en América Latina, busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Especialmente relevante es su enfoque en proteger a las personas defensoras ambientales, quienes enfrentan graves amenazas, particularmente en la Amazonía. Colombia, Brasil y Perú, los tres países con mayor extensión de selva amazónica, lideran las alarmantes cifras de asesinatos de defensoras y defensores del medioambiente. En Colombia, según la Asociación Ambiente y Sociedad, en 2023 se registró un preocupante aumento de estos crímenes, con 79 defensoras y defensores asesinados.

Son perseguidos por actores armados al margen de la ley, grupos criminales organizados e incluso por empresas vinculadas a actividades extractivas ilegales. En el citado contexto, la Defensoría del Pueblo y un número importante de entidades firmaron el ‘Pacto por el reconocimiento de la labor y el buen futuro de las defensoras y los defensores del ambiente y la tierra’.

 

El Pacto, sellado en Leticia, Amazonas, el Día de los Derechos Humanos, busca fortalecer las medidas de protección y garantizar la seguridad de quienes defienden la naturaleza frente a las múltiples amenazas que a diario padecen. La cooperación entre gobiernos, organizaciones sociales y la comunidad internacional es un paso importante para cumplir con lo establecido en el documento interinstitucional.

El Pacto, cuyo principal objetivo es impulsar acciones concretas para proteger la naturaleza y garantizar la justicia ambiental, establece seis compromisos fundamentales:

1. Reconocer y visibilizar el trabajo de las defensoras y los defensores de del ambiente y de la tierra en todos los escenarios públicos y privados en los que se promueva la protección de la naturaleza.

2. Propiciar espacios de participación amplia e inclusiva que entreguen voz a las defensoras y defensores del ambiente y de la tierra y que permitan identificar y abordar los problemas regionales en materia de derechos humanos y ambientales.

3. Promover una educación ambiental que incluya la importancia del reconocimiento y protección de los derechos humanos de las defensoras y defensores del ambiente y de la tierra en los niveles preescolar, básica primaria, básica secundaria, media, técnica y universitaria.

4. Rechazar de manera contundente cualquier ataque contra las defensoras y defensores del ambiente y de la tierra.

5. Aunar esfuerzos para investigar y sancionar los ataques contra las defensoras y defensores del ambiente y de la tierra, y luchar contra la impunidad.

6. Invitar a otros actores relevantes a sumarse a esta iniciativa para fortalecer la reacción institucional o social.

 El documento fue firmado por la Defensoría del Pueblo, la Gobernación del Amazonas, las alcaldías de Leticia y Puerto Nariño, la Procuraduría regional del Amazonas, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía (Corpoamazonía), el representante legal de la fundación Amazonas Sin Límite y Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Consulte, completo, el Pacto por el reconocimiento de la labor y el buen futuro de las defensoras y los defensores del ambiente y la tierra