• Lo que está ocurriendo es un llamado a revisar integralmente el rol de los grandes proyectos de infraestructura en la protección de la población y de los ecosistemas.
• Factores como la violencia armada, el desplazamiento forzado y la pobreza han obligado a comunidades a asentarse en zonas ambientalmente frágiles, situación que también debe ser abordada con la mayor seriedad.
• La Defensoría reitera que la gestión del riesgo de desastres debe asumirse como una estrategia de desarrollo que evite que tragedias previsibles se repitan en otras regiones de Colombia.

Montería (Córdoba), 13 de febrero de 2026 (@DefensoriaCol). La Defensoría del Pueblo advierte que las recientes inundaciones en el departamento de Córdoba representan una alerta para el país y dejan lecciones fundamentales que deben ser asumidas por otros territorios, a fin de que sea fortalecida la gestión del riesgo de desastres y garantizados los derechos humanos.

La emergencia actual deja en evidencia que los desastres no son únicamente consecuencia de fenómenos naturales, sino del alto nivel de exposición y vulnerabilidad de la población, asociado a factores estructurales como la ocupación de zonas de alto riesgo, la deficiente planificación territorial, la degradación ambiental, la falta de una gestión integral del riesgo de desastres y la escasa articulación institucional. Estas condiciones se presentan de manera reiterada en distintos departamentos del país y requieren respuestas estructurales y preventivas.

Para el caso de Córdoba, la situación se agrava por el rebose del embalse de la central hidroeléctrica Urrá I, infraestructura concebida para regular las crecientes del río Sinú y que, en esta ocasión, no cumplió ese propósito, convirtiéndose en un factor adicional de riesgo para las comunidades ubicadas aguas abajo. Este hecho pone de relieve la necesidad de revisar de manera integral el papel de los grandes proyectos de infraestructura en la protección de la población y de los ecosistemas, así como los mecanismos de control, coordinación y comunicación del riesgo.

Además, las históricas dinámicas de violencia armada, el desplazamiento forzado, la acumulación ilegítima de tierras y el empobrecimiento progresivo han obligado a amplios sectores de la población a asentarse en zonas ambientalmente frágiles y de alto riesgo. Esta realidad, que también sucede en otros territorios del país, debe ser abordada como un componente esencial de la gestión del riesgo de desastres y de las políticas de desarrollo territorial.

A partir de esta experiencia, son identificadas lecciones claves que pueden y deben ser replicadas en otros departamentos:

• La importancia de que la ayuda humanitaria sea gestionada de manera ordenada, con base en evaluaciones de daños y análisis de necesidades, para garantizar una respuesta efectiva, oportuna y digna.
• El valor de integrar los conocimientos locales y ancestrales con los saberes técnicos y científicos. La experiencia de la Asociación de Productores, Pescadores, Agricultores y Artesanos Agroecológicos de Purísima (Apropapur), de Córdoba, que mediante prácticas sostenibles de manejo del agua logró mitigar los impactos de la inundación, demuestra que estos enfoques fortalecen la resiliencia comunitaria.
• La urgencia de fortalecer los sistemas de información y comunicación del riesgo, incluyendo alertas tempranas claras, oportunas y articuladas entre los operadores de infraestructura, las autoridades territoriales y la población.
• La necesidad de planificar adecuadamente las evacuaciones y la atención humanitaria, evitando la improvisación, el desorden y la vulneración de derechos, como ocurrió con la utilización de instituciones educativas como albergues temporales, ya que afectó el desarrollo del calendario escolar y el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.

Si bien la solidaridad ciudadana ha sido una fortaleza durante la emergencia, no puede remplazar la obligación del Estado de prevenir el riesgo. Por ello, la Defensoría del Pueblo insiste en que la gestión del riesgo de desastres debe ser asumida como una verdadera estrategia de desarrollo, mediante la cual sea materializada la protección de derechos y el bienestar de la población, y se evite que tragedias previsibles se repitan en otros territorios del país.