Iris Marín (Bogotá, 48 años) no ha tenido paz en estos cinco meses como defensora del Pueblo de Colombia. Desde que tomó posesión, ha visto cómo la violencia del conflicto armado se recrudece a lo largo y ancho del país. El autodenominado Estado Mayor Central, una disidencia de las extintas FARC que abandonó los diálogos con el Gobierno de Gustavo Petro, resiste los embates del Ejército en el Cauca y ahora lleva a los niños y adolescentes que recluta a morir en un nuevo frente de guerra en la Amazonía. La guerrilla del ELN, mientras tanto, ha terminado de dinamitar su proceso de paz tras provocar una crisis humanitaria sin precedentes en el Catatumbo: un centenar de muertos y más de 50.000 desplazados.

“Da la impresión de que se estaban preparando para la guerra”, enfatiza Marín sobre el ELN y la expansión que llevó a cabo en simultáneo al proceso de paz. La crueldad de las acciones en el Catatumbo le hace pensar que la guerrilla engañó al Gobierno y a la sociedad cuando proclamó su voluntad de paz. Sin embargo, matiza que fracasó ese proceso, no la paz total en su conjunto. Señala que las negociaciones con otros grupos armados evitan una crisis humanitaria aún mayor. “Los disidentes de Calarcá no son unos angelitos: siguen reclutando y tienen control poblacional. Pero no tienen agresiones tan fuertes en contra de la población civil”, evalúa.

Pregunta. ¿Qué lectura hace de la crisis en el Catatumbo?

Respuesta. Sella la muerte política del ELN al romper cualquier conexión que pudiera quedar con su caracterización como un grupo de personas que se alza en armas contra un Estado que considera injusto. Hace décadas, desde que las guerrillas decidieron meterse en el negocio del narcotráfico, ha estado en duda su finalidad política. Había antecedentes en varias partes del país de confinamientos masivos, desplazamientos y cierta crueldad contra líderes sociales que no tomaban partido por ellos. En Arauca, por ejemplo, hay casos en los que fueron casa por casa sacando personas para cometer una masacre. Pero esta vez todo se juntó. Se nota una crueldad sin precedentes en contra de la población civil.

P. ¿Cómo es que Colombia no vio venir un escalamiento de la violencia que en pocos días sumó un centenar de muertos y 50.000 desplazados?

R. La Defensoría lanzó varias alertas sobre el Catatumbo desde 2020. Una última alerta de inminencia [de noviembre de 2024] detectaba un escenario de riesgo muy real y muy concreto. Creo que como Estado no le dimos la suficiente atención a la gravedad del asunto.

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