Tras los recientes hechos violentos registrados en el suroccidente del país, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se desplazó a Jamundí, Valle del Cauca, para sostener una reunión con la alcaldesa Paola Castillo, integrantes de su gabinete, y la personera municipal, Martha Isabel Gutiérrez. El encuentro buscó evaluar la delicada situación de seguridad y derechos humanos que atraviesa esta población del sur del Valle del Cauca, y trazar rutas de acción conjunta entre la institucionalidad local, departamental y nacional.

Cabe anotar que la Defensoría ha advertido este deterioro mediante alertas tempranas vigentes para el suroccidente del país. El municipio de Jamundí enfrenta una dinámica de control territorial protagonizada por las disidencias del denominado Estado Mayor Central, particularmente el frente Jaime Martínez, que ha expandido su presencia desde zonas rurales y de cordillera hacia áreas planas y suburbanas. Esta expansión se traduce en gobernanza criminal, regulación social, justicia paralela y cobros extorsivos que fracturan la vida comunitaria.

"Jamundí presenta un deterioro sostenido de la situación de seguridad y de Derechos Humanos que fue advertido por la Defensoría del Pueblo a través de alertas tempranas vigentes para el suroccidente del país”, dijo Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo de Colombia, desde el municipio vallecaucano.

De acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia registró 253.000 hectáreas de cultivos de coca en 2023, el máximo histórico, con una concentración significativa en el suroccidente. Esta realidad alimenta la disputa territorial que tiene a Jamundí como epicentro regional. La Defensoría reportó 200 eventos de desplazamiento masivo en el país durante 2025, con afectaciones recurrentes en Valle del Cauca y Cauca; y según OCHA, miles de personas han sido confinadas o han visto restringida su movilidad en la subregión durante 2024 y 2025.

La alcaldesa Castillo expuso ante la Defensora que el municipio enfrenta desde hace años la presencia de grupos armados ilegales en amplias zonas rurales, con una expansión progresiva hacia la zona plana. Entre las afectaciones más graves se cuentan el reclutamiento de jóvenes, las amenazas contra consejos comunitarios y Juntas de Acción Comunal, y los hostigamientos recurrentes en corregimientos como Robles y Potrerito. La alcaldesa señaló que las capacidades de la Administración Municipal han sido desbordadas y reiteró la necesidad de una articulación efectiva con el Gobierno nacional en materia de prevención del reclutamiento, sustitución de cultivos de uso ilícito y apoyo a proyectos para mujeres rurales.

"Queremos que el nuevo gobierno pueda tener una mesa de trabajo en donde construyamos de manera conjunta, desde lo nacional, lo regional y desde lo local, un plan de acción integral social”, expresó Paola Castillo, alcaldesa de Jamundí.

Por su parte, la personera Gutiérrez alertó sobre el impacto de la minería ilegal y los cultivos de uso ilícito en la zona de los Farallones, y advirtió que el conflicto armado se ha desplazado hacia el área urbana, afectando los acueductos veredales, generando desplazamientos masivos y nuevas dinámicas de violencia, entre ellas ataques con enjambres de drones. La funcionaria destacó la urgencia de fortalecer el acompañamiento a las víctimas y de garantizar una presencia institucional sostenida.

La Defensora fue enfática en que la coyuntura exige decisiones impostergables en materia de desarrollo territorial, reforma rural integral y cumplimiento de las recomendaciones de las alertas tempranas. Subrayó que la respuesta al fenómeno no puede limitarse a la acción de la fuerza pública, aunque reconoció su importancia: lo que Jamundí y el suroccidente necesitan es el fortalecimiento del desarrollo social de las comunidades y alternativas reales para la sustitución de cultivos de uso ilícito.  "Son todas estas situaciones las que van a permitir una respuesta que le dé paz a Jamundí y a todo el suroccidente del país", puntualizó.

 

Mujeres y liderazgos comunitarios: pilares de la defensa del territorio en el suroccidente

En el marco de la misma agenda en Jamundí, la Defensora Marín sostuvo un encuentro directo con consejos comunitarios y liderazgos sociales afrodescendientes para escuchar, de primera mano, las preocupaciones de las comunidades frente a la situación humanitaria que atraviesan sus territorios.

Durante el espacio, las y los líderes expresaron su preocupación por las afectaciones a la vida comunitaria, la pérdida progresiva de prácticas ancestrales y los riesgos que enfrentan niñas, niños, adolescentes y jóvenes en contextos de violencia y ausencia institucional. También pusieron sobre la mesa la necesidad urgente de fortalecer las medidas de prevención, la protección colectiva y la atención integral con enfoque étnico y territorial.

 

El encuentro fue especialmente significativo por el reconocimiento al papel de las mujeres: el municipio de Jamundí cuenta con liderazgos femeninos tanto en la institucionalidad —alcaldesa, personera y Defensora del Pueblo— como en la base comunitaria, donde organizaciones lideradas por mujeres han desarrollado experiencias de protección propia y cuidado colectivo de la vida ante la ausencia del Estado.

Quizás el símbolo más elocuente de la jornada fue este: una Defensora del Pueblo, una alcaldesa y una personera —todas mujeres— sentadas frente a lideresas comunitarias que, sin recursos del Estado y en medio de la violencia, han construido sus propios esquemas de protección colectiva. En un municipio donde el conflicto armado ha intentado silenciar los liderazgos, son precisamente esas mujeres quienes siguen nombrando lo que ocurre, organizando a sus comunidades y cuidando la vida. La Defensoría del Pueblo se comprometió a acompañar esos procesos.

 

• Imágenes del encuentro de la Defensora del Pueblo con consejos comunitarios y lideresas afrodescendientes de Jamundí. Un diálogo sobre territorio, protección colectiva y derechos humanos. Ver registro fotográfico en X.