En cumplimiento de la Ley 1448 de 2011 y en el marco de su compromiso con las víctimas del conflicto armado, la Defensoría del Pueblo realizó 150 tomas de declaraciones en seis municipios de Arauca. Las jornadas se extendieron durante una semana y contaron con la participación de personerías, alcaldías y la Mesa de Participación Efectiva de las Víctimas.

Arauquita fue el municipio con mayor participación: 80 personas se acercaron a las y los funcionarios de la entidad para acceder a esta diligencia.

Arauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado en Colombia. Varios grupos armados ilegales mantienen presencia activa en el territorio, con especial incidencia en zonas rurales, donde ejercen control social y territorial sobre las comunidades. Sus acciones han dejado afectaciones profundas tanto en hombres como en mujeres.

En el territorio nacional, a la fecha, 10.230.330 personas han sido víctimas del conflicto armado. 

Para el caso de Arauca, han sido afectadas y afectados un total de 206.833 mujeres y hombres por actos terroristas, atentados, hostigamientos, enfrentamientos armados, amenazas, delitos contra la libertad, desplazamientos forzados, confinamientos, torturas, homicidios y desapariciones forzadas de sus seres queridos, entre otros. Los tres municipios donde hay más víctimas, según registros oficiales, son Tame, 79.614; Arauquita, 42.264, y Saravena, 36.793.

 

Esta toma de declaración es un procedimiento formal, gratuito y obligatorio ante el Ministerio Público (personerías municipales, Defensoría del Pueblo y Procuraduría General de la Nación) en el cual una persona relata los hechos de tiempo, modo y lugar que la convirtieron en víctima del conflicto armado. Este acto, formalizado a través del Formulario Único de Declaración (FUD), es el primer paso para ser incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV) y así acceder a la reparación integral.

La reparación integral es un conjunto de medidas legales, económicas y simbólicas destinadas a restablecer los derechos de las víctimas. Su finalidad es compensar daños materiales y morales: indemnización, restitución de derechos y garantías de no repetición.

Es por ello que la Defensoría continuará con este tipo de acciones en beneficio de quienes fueron perjudicadas y perjudicados, durante décadas, por las dinámicas del conflicto armado interno en el territorio colombiano.