El  Juzgado Tercero Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Cali acogió las medidas provisionales solicitadas por la Defensoría del Pueblo y ordenó a la Alcaldía de Buenaventura suspender las actividades deportivas o recreativas en el coliseo El Cristal de esa ciudad debido a que allí está ubicado un albergue con población indígena conformada por cerca de 400 personas que fue víctima del desplazamiento forzado desde el Valle y el Chocó. 

También se ordenó a la Unidad Administrativa de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (Uariv), brindar ayuda humanitaria de emergencia a otras 570 personas del resguardo Puerto Pizarro que están en su territorio.

El Defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, considera como una vergüenza para el Estado, particularmente para las autoridades nacionales, regionales y locales, la situación indigna en que se mantiene a la población desplazada, particularmente aquellas en condiciones de mayor vulnerabilidad como las comunidades indígenas.

"Resulta inadmisible que tanto los ciudadanos como las autoridades se hayan acostumbrado a vivir impávidos ante situaciones violatorias de los derechos humanos tan graves como el desplazamiento forzado, y particularmente cuando se trata de minorías étnicas, que son sujetos de especial protección del Estado", señaló Otálora Gómez.​

El pasado 27 de septiembre llegaron las primeras familias desplazadas por cuenta del accionar de los grupos armados ilegales en el municipio chocoano del Bajo San Juan.  En la actualidad hay 119 familias del pueblo wounaan provenientes de los resguardos Unión Balsalito, Aguaclara y Chachajo.

A pesar de que estas familias buscaban ayuda humanitaria en el coliseo El Cristal, allí se realizaban eventos masivos que afectaban sus condiciones.