Bogotá, 8 de mayo de 2026 (@DefensoriaCol). El nuevo estudio Manifestaciones climáticas extremas de la cuenca y el bioma amazónico: sequías e inundaciones, de la Defensoría del Pueblo, es una herramienta para comprender y actuar con contundencia, justicia y visión de largo plazo frente a lo que ocurre en la región.

Plantea que la sequía extrema del 2024 dejó en evidencia una crisis más profunda: el deterioro estructural de un territorio decisivo para la vida, el agua, la biodiversidad y los derechos de las comunidades que lo habitan. Además, expone los impactos sobre las comunidades y sus derechos, las causas estructurales de esta situación y los riesgos de que estos eventos se repitan o se agraven.

Basada en este documento defensorial, la entidad llevó a la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FilBo 2026) una conversación urgente sobre la Amazonía como territorio estratégico para el país y el planeta, y sobre la necesidad de entender la crisis climática también como una crisis de derechos.

El deterioro estructural del bioma amazónico, plantea el estudio, muestra cómo ha impactado el acceso al agua, la alimentación, la movilidad, la pesca, la educación y la permanencia digna en el territorio. En ese sentido, la crisis de la Amazonía ya no puede leerse solo en clave ambiental, pues se traduce en afectaciones concretas a los derechos humanos.

Una sola voz por la interconectividad de la vida

El panel reunió voces complementarias —ciencia, territorio, comunicación y derecho— para analizar la crisis desde una mirada amplia. Participaron el director del Servicio Geológico Colombiano, Julio Fierro; la productora audiovisual indígena Bora–Uitoto, Vanessa Teteye Mendoza, y la abogada especializada en derecho de los recursos naturales, Mariana Terán Ramírez. La conversación fue moderada por la delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente, de la Defensoría del Pueblo, Érika Castro.

Durante sus intervenciones, las y los panelistas hicieron énfasis en la interconectividad de la vida y en cómo la crisis climática que afecta el bioma amazónico repercute en todos los ecosistemas y formas de vida, incluso en las ciudades.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, cerró el espacio haciendo referencia a la pérdida de biodiversidad y la destrucción de los ecosistemas de la cuenca y el bioma amazónico: “Hablar de los derechos de la naturaleza es dejar de verla únicamente como un recurso para los seres humanos. Al entendernos como parte de un equilibrio más amplio, podemos reconocernos como un todo y actuar con la responsabilidad necesaria. Cuando hablamos de la Amazonía hacemos referencia a la interdependencia entre ese territorio y la vida del país y del planeta”.

Prevención y acción estatal

Esta apuesta institucional no es solo para alertar, sino también para insistir en la prevención, la acción estatal articulada y la escucha de las comunidades. El estudio formula 21 recomendaciones dirigidas a 26 entidades para fortalecer las alertas tempranas, la restauración ecológica, el derecho al agua, la gobernanza ambiental y las respuestas con enfoque de derechos y justicia climática.

La Defensoría ha insistido en una lectura irrenunciable: hablar de la Amazonía es hablar de derechos al agua, alimentación, educación, movilidad, salud y participación. También es hablar de la naturaleza como sujeto de especial protección y de la obligación ética e institucional de actuar antes de que los daños sean irreversibles.

Proteger la Amazonía no es una tarea marginal. Es proteger las condiciones que hacen posible la vida digna, la justicia ambiental y el porvenir común.