• Así, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, reconoció lo que han hecho las personas dedicadas a defender los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidas las que ya no están.
• Dejó claro que esta labor también tiene rostro de mujer, porque son ellas las que asumen riesgos en las regiones para proteger el agua, la tierra y el territorio.
• Es obligación del Estado protegerlas y protegerlos, garantizar su participación y asegurar que acceden a la información y a la justicia sin temores.

Tunja (Boyacá), 15 de abril de 2025 (@DefensoriaCol). “Estamos aquí para reconocer una tarea profundamente valiosa para el país: la de quienes cuidan los ríos, los bosques, las montañas, los páramos, las costas, la fauna, el agua, los territorios de los que dependen comunidades enteras”, de esta manera, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, les hizo un reconocimiento a mujeres y hombres dedicados a defender los derechos humanos en asuntos ambientales.

Quienes defienden el ambiente, fue enfática la Defensora del Pueblo, “defienden también los derechos humanos. Protegen la vida, la salud, la alimentación, la cultura, el arraigo, la participación y la posibilidad misma de habitar el territorio con dignidad”.

Agregó desde Tunja, en el departamento de Boyacá, que la defensa de los derechos humanos en el país inicia en una vereda, quebrada, barrio, en una comunidad indígena, en una comunidad afrodescendiente, en una comunidad campesina, que decide organizarse para proteger la vida.

“Hay personas que levantan la voz, que hacen preguntas incómodas, que exigen información, que convocan a su comunidad y que se niegan a aceptar que el deterioro ambiental es el precio inevitable del llamado desarrollo”, remarcó.

Insistió en que a las personas dedicadas a esta tarea les deben reconocimiento las instituciones y la sociedad en su conjunto: “También les debemos escucha, les debemos garantías. Porque su labor no es marginal, ni tampoco sospechosa. No es un obstáculo para el país. Es una forma legítima y necesaria de ejercer ciudadanía. Es una expresión de cuidado colectivo. Es una defensa concreta del interés general”.

Subrayó que tan importante labor, como dato valioso, también tiene rostro de mujer. “Tiene el rostro de lideresas que sostienen procesos comunitarios, que preservan saberes, que cuidan a sus familias y a sus comunidades, y que aun así asumen riesgos inmensos para proteger el agua, la tierra y el territorio”, expresó la Defensora Iris Marín Ortiz.

Durante el evento, igualmente, destacó que el rol de la población étnica, las y los jóvenes y las personas mayores ha jugado un papel clave en la defensa de los derechos en asuntos ambientales.

Es obligación del Estado, por lo tanto, proteger a quienes están dedicadas y dedicados a defender el ambiente, como también es su obligación garantizar su participación y asegurar que puedan acceder a la información y a la justicia sin miedo.

Entre 2016 y 2024, el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo registró 384 casos de homicidios de personas defensoras de derechos humanos, y tan solo en 2024, 44.

Actualmente, la Defensoría trabaja en un plan de seguimiento y fortalecimiento de acciones para la protección y garantías en el desarrollo de la labor de lideresas y líderes ambientales en el territorio nacional.

En el acto de reconocimiento, la Defensora del Pueblo recordó la importancia del Acuerdo de Escazú (primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe que propende por el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales).

“Escazú debe sentirse en los territorios, en instituciones que escuchan, en autoridades que informan, en decisiones públicas mejor deliberadas y en comunidades que pueden participar sin miedo y sin barreras. La democracia ambiental no se decreta: se construye”, fue contundente la Defensora Iris Marín Ortiz.

Aprovechó el espacio para honrar a lideresas y líderes que fueron amenazados, desplazados, silenciados o asesinados por defender el agua, el bosque, la tierra, la biodiversidad y la vida comunitaria: “Su ausencia interpela al Estado y a la sociedad. La defensa del ambiente en Colombia no puede seguir siendo una actividad heroica ejercida en soledad. Debe ser una labor respaldada, legítima, protegida y valorada públicamente”.

La Defensoría del Pueblo sigue acompañando a estas personas, pero también articulando acciones para que el Estado les dé garantías en el desarrollo de su labor en todas las regiones del país.

“Defender un bosque es proteger el clima, la biodiversidad y las formas de vida que dependen de él. Defender un territorio es defender también la memoria, la cultura y la posibilidad de permanecer”, puntualizó la Defensora del Pueblo.