•    La Amazonía colombiana fue escenario de un diálogo entre autoridades indígenas, magistrados, magistradas y organizaciones sociales sobre los desafíos que enfrenta la diversidad cultural y la protección territorial.
•    Se suscribieron dos memorandos de entendimiento que buscan fortalecer herramientas institucionales para que comunidades y pueblos étnicos conozcan y ejerzan los derechos reconocidos por la Constitución de 1991.
•    La Defensoría advirtió que la deforestación, las economías ilegales y las amenazas contra liderazgos sociales continúan poniendo en riesgo ecosistemas estratégicos y formas de vida ancestrales.

Leticia, Amazonas, 5 de junio de 2026 (@DefensoriaCol). La protección de la Amazonía, las garantías para los pueblos indígenas y los desafíos de una Constitución que reconoce la diversidad cultural del país fueron los ejes de los Diálogos Constitucionales en Leticia. Este evento, organizado por la Corte Constitucional, reunió a la presidenta de la corporación, magistrada Paola Andrea Meneses; a la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, así como a magistrados y magistradas, autoridades indígenas, organizaciones sociales e instituciones públicas.

En este escenario, la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional suscribieron dos memorandos de entendimiento orientados a acercar la Constitución a los territorios y fortalecer la garantía de los derechos fundamentales. Estos acuerdos impulsarán procesos de pedagogía constitucional y divulgación de la jurisprudencia para las comunidades, al tiempo que fortalecerán los mecanismos de coordinación y articulación entre ambas entidades para contribuir al acceso a la justicia y a la protección de los derechos.

La agenda de diálogos institucionales se desarrolló a través de los paneles “Territorio, equilibrio y diversidad”, “Una Constitución plural y diversa” y “El derecho a delimitar las fronteras del relacionamiento”, en los que se abordaron temas como el papel de los pueblos indígenas en la protección de los ecosistemas amazónicos, los avances de la Constitución de 1991 a 35 años de su promulgación y los desafíos que enfrenta la protección de los pueblos en aislamiento voluntario.

Durante su intervención, la Defensora del Pueblo puso en el centro la relación entre derechos humanos y protección territorial, especialmente en la Amazonía, donde persisten riesgos asociados a la deforestación, las economías ilegales y las agresiones contra lideresas y líderes sociales. Subrayó, además, que defender la naturaleza es garantizar la vida, la cultura y la dignidad de los pueblos étnicos.

“La ley de origen de los pueblos indígenas nos enseña que no ocupan el territorio por azar; cada comunidad fue ubicada en sus lugares ancestrales con el propósito de resguardar el equilibrio de la naturaleza. Así, a través de sus luchas, han impulsado transformaciones profundas que hoy permiten materializar la verdadera interculturalidad del Estado. Un ejemplo de este esfuerzo colectivo es la conformación de las Entidades Territoriales Indígenas (ETIS)”, puntualizó la Defensora, advirtiendo que aún persisten desafíos para su implementación efectiva.

 

Este enfoque reconoce los conocimientos territoriales y reafirma que la naturaleza es sujeto de derechos, tal como lo han establecido decisiones judiciales sobre el río Atrato y la Amazonía. Sin embargo, la Defensora advirtió que estos avances no son suficientes frente al incremento de la minería ilegal y la deforestación que, según informes recientes, continúan poniendo en riesgo los ecosistemas, los saberes ancestrales y las formas de vida en la región amazónica.

“Los pueblos del Amazonas aluden constantemente al principio de complementariedad. Este nos enseña que el ser humano no es dueño ni dominador de la selva, sino parte de ella. Existimos porque la naturaleza existe, y nos cuidamos mutuamente en una relación recíproca. No es, entonces, una coincidencia que los lugares habitados ancestralmente por los pueblos étnicos sean hoy las zonas más conservadas del planeta”, aseguró Iris Marín Ortiz.

El fortalecimiento de la protección de los liderazgos sociales y de quienes defienden el territorio frente a riesgos que persisten en la región amazónica fue otro tema clave en la discusión. Al respecto, se destacó que las Alertas Tempranas de la Defensoría dan cuenta de amenazas reiteradas contra personas defensoras del ambiente, con especial impacto en los liderazgos de los pueblos étnicos.

La Defensora del Pueblo también dijo que “los saberes de los pueblos étnicos no son folclorismos. Son un conocimiento válido e indispensable para la toma de decisiones. La memoria, la lectura del territorio, la comprensión de los ciclos y las prácticas de cuidado configuran una inteligencia colectiva que necesitamos con urgencia para responder con seriedad a la crisis climática y ambiental”.

Asimismo recordó que se ha hecho un llamado al Gobierno  que resulte elegido para que adopte, al menos, tres decisiones impostergables en materia de derechos ambientales y de la naturaleza: enfrentar la deforestación y la degradación ambiental como fenómenos asociados al control territorial y las economías ilegales; regular de manera efectiva la actividad minera para proteger los derechos humanos, el ambiente y los territorios; y fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la respuesta al cambio climático como obligaciones inherentes a la garantía de los derechos humanos.

Por su parte, la presidenta de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses señaló que “es muy importante para la Corte Constitucional avanzar hacia el territorio para dialogar sobre la dignidad de las comunidades y sobre el enfoque pluriétnico de diversidad que consagra la Constitución. Estamos escuchando a la comunidad para determinar caminos de diálogo y ahondar en la mejor forma de atender y de garantizar los derechos fundamentales de estas comunidades, preservando su cosmovisión, las diferentes maneras de ver el mundo, la justicia, la salud y de vivir en comunidad como nación”, aseguró.

Desde la Defensoría del Pueblo se tiene el compromiso de avanzar en una acción institucional articulada, con enfoque territorial y diferencial, orientada a garantizar la protección integral de los derechos humanos y de la naturaleza, reconociendo su interdependencia y la urgencia de preservar los ecosistemas que sostienen la vida en los territorios.

“Defender el territorio no es defender algo externo a nosotros. Es defender la vida, la dignidad y el buen futuro de los múltiples sistemas de vida que ya existen y de aquellos que están por llegar. Defendemos los derechos para que la igualdad se materialice, todas las voces se escuchen en paz, se dignifique la vida en armonía con la naturaleza y para que tengamos confianza y esperanza en un buen futuro”, concluyó la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz.