Bogotá, 10 de julio de 2026 (@DefensoriaCol). La JEP emitió sus dos primeras sentencias definitivas en los Casos 01 y 03.

En el Caso 01, relacionado con la política de secuestro de las extintas FARC-EP, la JEP encontró responsable a los miembros del antiguo secretariado de las FARC por crímenes de guerra de toma de rehenes y homicidios, y crímenes de lesa humanidad de privaciones graves a la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas. Además, autores por responsabilidad de mando por los crímenes de guerra de tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado, y por los crímenes de lesa humanidad de tortura y otros actos inhumanos.

En el Caso 03, sobre asesinatos y desapariciones forzadas presentadas ilegítimamente como bajas en combate por agentes del Estado en el Batallón La Popa, en la Costa Caribe, condenó 12 ex militares como máximos responsables por crímenes internacionales de lesa humanidad de desaparición forzada, asesinato y el crimen de guerra de homicidio en persona protegida.

Estas decisiones constituyen un avance fundamental en la implementación del Acuerdo Final de Paz, en su propósito de garantizar justicia a las víctimas de tan aberrantes crímenes. Las sentencias, además, precisaron el alcance de las sanciones propias de carácter restaurativo y fortalecieron la participación efectiva de las víctimas, ya que reconocieron su papel en la definición y seguimiento de las medidas, lo que constituye una garantía indispensable para la satisfacción de sus derechos.

Las decisiones también contribuyen a armonizar los derechos de las víctimas con las obligaciones de los comparecientes dentro del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. De esta manera, fortalecen la seguridad jurídica y aportan a la confianza en la implementación del componente de justicia del Acuerdo Final de Paz.

En relación con el Caso 01, destacamos que se robusteció el contenido de las sanciones propias mediante la incorporación de propuestas formuladas por las víctimas, la exigencia de cronogramas verificables para su ejecución y el establecimiento de restricciones concretas a los derechos y libertades de los comparecientes durante el cumplimiento de los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador (TOAR). Estas determinaciones refuerzan la eficacia y el carácter restaurativo de las sanciones, y favorecen una participación incidente de las víctimas.

De igual manera, en el Caso 03, se reafirma la obligación del Estado de garantizar los derechos de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales y se fortalecen los mecanismos restaurativos orientados a la reconstrucción de la memoria histórica, la dignificación de las comunidades afectadas y las garantías de no repetición.

Por otra parte, la Defensoría del Pueblo saluda la creación del mecanismo conjunto de monitoreo internacional entre la MAPP/OEA y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos), orientado al seguimiento de la implementación de las Sanciones Propias de la JEP y del Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz, que fue anunciado por el Comité de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación CSIVI.

La implementación integral del Acuerdo Final de Paz es una obligación constitucional para todas las autoridades del Estado y una decisión impostergable para el país. Garantizar los derechos de las víctimas, fortalecer la justicia transicional, avanzar en las transformaciones territoriales y consolidar garantías de no repetición son condiciones necesarias para construir una paz sostenible, fortalecer la democracia y proteger los derechos humanos en los territorios más afectados por el conflicto armado.