Bogotá, 11 de julio de 2026 (@DefensoriaCol). A casi diez años de la firma del Acuerdo Final de Paz, las víctimas deben seguir siendo el centro de los esfuerzos institucionales para consolidar una paz duradera. Por ello, nos unimos al llamado del Comité de Seguimiento y Monitoreo a las Recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV) para que la garantía de los derechos de las víctimas del conflicto armado y la no repetición sigan siendo una prioridad para el Estado. 

Destacamos que el VI Informe de este Comité, "Tejidos para la reparación", se concentre en los derechos de las víctimas y reconozca avances importantes, entre ellos la prórroga de la Ley de Víctimas, el aumento del número de víctimas de violencia sexual indemnizadas, la restitución de tierras, el reconocimiento de responsabilidades estatales, el fortalecimiento de la búsqueda de personas desaparecidas y la expedición del CONPES de soluciones duraderas para la población desplazada.

Al mismo tiempo, el informe identifica desafíos que requieren una respuesta decidida del Estado, entre ellos la baja implementación de la reparación colectiva para los pueblos étnicos, mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género no hegemónicas (OSIGNH), así como la atención a las víctimas en el exilio.

Coincidimos con el Comité en que la capacidad institucional diseñada hace 15 años para atender a las víctimas ha sido superada por la magnitud del conflicto y que la política pública enfrenta importantes limitaciones de financiación. En este contexto, la Comisión de Financiamiento de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, creada por ley, representa una herramienta para identificar alternativas que permitan fortalecer la respuesta del Estado y cumplirle a las víctimas.

Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad constituyen una hoja de ruta para superar las causas de la persistencia del conflicto armado y otras formas de violencia. Por ello, hacemos un llamado al próximo Gobierno, al Congreso de la República y a todas las instituciones del Estado para fortalecer su implementación y traducir las conclusiones del VI Informe en decisiones y acciones concretas que permitan avanzar en la garantía efectiva de los derechos de las víctimas, la construcción de paz, la memoria y la no repetición.

En ejercicio de nuestro mandato constitucional, continuaremos acompañando el seguimiento a estas recomendaciones, promoviendo la participación efectiva de las víctimas y ejerciendo vigilancia sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, justicia transicional y construcción de paz.