Una de las principales alertas en las cárceles es la deficiente atención en salud. Este servicio estaba a cargo de Caprecom desde el 2011, EPS que entró en liquidación desde el año pasado.

Como el plan de afiliación que se tenía previsto con Caprecom nunca se ejecutó, la Ley 1709 del año pasado dispuso la creación del Fondo Nacional de Salud de la Población Privada de la Libertad, con el que se pretendía establecer un nuevo modelo de atención en salud para los presos.

Pero esto no fue reglamentado sino en diciembre del año pasado, por lo que durante todo el 2015 la atención en salud de los presos siguió a manos de Caprecom. Esta EPS suscribió en el 2014 un contrato con la Unión Temporal UBA Inpec para prestar los servicios, negocio que sumó los 52.000 millones de pesos a finales del 2015, y que estaba dirigido al 70 por ciento de presos, pero que, según la Defensoría del Pueblo, ha venido desmejorando cada vez más.

“La Defensoría constató una reducción sustancial de la atención prestada a los reclusos, tanto en términos de cobertura como de calidad”, señalan informes de ese organismo.

La Cruz Roja encontró en una prisión del Pacífico a dos detenidos con fracturas en las piernas y que llevaban meses esperando una cirugía y las barras metálicas para estabilizar el hueso, “a pesar de que ya mostraban signos de infección y podían incluso perder las extremidades”.

En el informe del CICR también se relata el caso de un preso de 62 años, detenido en La Picota. Debido a un accidente de tránsito, debe usar prótesis en su pierna derecha, pero la que le entregaron en la cárcel estaba tan deteriorada que se vio en la necesidad de comprar una por 50.000 pesos, y que usó durante varios años a pesar de que era para la pierna izquierda.