Las menores de edad, de 12 y 15 años, habrían sido sustraídas con fines de reclutamiento en medio de acciones violentas en las que también fueron asesinados dos hombres.

Las menores de edad, de 12 y 15 años, habrían sido sustraídas con fines de reclutamiento en medio de acciones violentas en las que también fueron asesinados dos hombres.

  • Vie, 13 mar 2026

as menores de edad, de 12 y 15 años, habrían sido sustraídas con fines de reclutamiento en medio de acciones violentas en las que también fueron asesinados dos hombres.

Bogotá, 13 de marzo de 2026 (@DefensoriaCol). Las menores de edad, de 12 y 15 años, habrían sido sustraídas con fines de reclutamiento en medio de acciones violentas en las que también fueron asesinados dos hombres.

Según el monitoreo de la Defensoría del Pueblo, los hechos habrían ocurrido presuntamente por el ingreso al corregimiento Puerto López (Bagre, Antioquia) de   integrantes del grupo armado Frente 4.⁰ (de las disidencias de las extintas Farc bajo el mando de alias Calarcá-Córdoba) en un contexto de escalamiento de las confrontaciones con el Clan del Golfo (autodenominado EGC) por el control territorial registrado en las últimas semanas.

La Alerta Temprana 045 de 2020 advirtió los riesgos para las comunidades del Bajo Cauca derivados de disputas entre grupos armados ilegales. Lo ocurrido no constituye un hecho aislado, sino que se inscribe en un escenario de confrontación que continúa afectando gravemente a la población civil.

Instamos a las autoridades competentes a desplegar las acciones institucionales necesarias y a adoptar medidas de protección urgentes para las comunidades del territorio.

Conforme al derecho internacional humanitario (DIH), las niñas, los niños y adolescentes gozan de una protección especial. Su reclutamiento, uso y utilización, así como la toma de rehenes, la privación ilegal de la libertad y cualquier forma de violencia contra la población civil, están prohibidos y constituyen graves infracciones a esta normativa.

Hacemos un llamado a los grupos armados a liberar de inmediato a las adolescentes y a que respeten su vida e integridad. La persistencia de hechos como estos profundiza el sufrimiento de las comunidades y compromete la responsabilidad, inclusive penal, de quienes los cometen.