Uno de los compromisos para sacar a los menores de las filas de las Farc, es crear una mesa técnica, liderada por la Defensoría del Pueblo, para diseñar una hoja de ruta que permita su reincorporación a la vida civil.

Han pasado más de 1.200 días desde el momento exacto en que las delegaciones del Gobierno y las Farc se sentaron en el gobierno de Juan Manuel Santos a negociar un acuerdo que pretende ponerle fin al conflicto armado que ha golpeado al país por más de 50 años.

Desde ese momento, las dos partes se han reunido decenas veces para lograr pactar los puntos que se trazaron en el Acuerdo General, establecidos durante los diálogos exploratorios que se realizaron entre el 23 de febrero y el 26 de agosto de 2012.

Esto es lo acordado hasta ahora:

Una reforma rural integral

El 26 de mayo de 2013, luego de casi seis meses de negociación, se logró el primer acuerdo parcial entre las dos delegaciones: el de una reforma agraria, la cual está sostenida sobre cuatro pilares principales.

El primero de estos está determinado en la distribución de la tierra para los campesinos que no poseen o tienen terrenos insuficientes, este punto está sustentado principalmente en la creación de un fondo de tierras, en el que se incluirán lugares provenientes de la extinción de dominio, predios baldíos a favor de la Nación, zonas provenientes de una actualización y delimitación de las reservas forestales, entre otros.

También se pactó la creación de programas especiales para el desarrollo de la tierra, en los que se incluye un sistema de incentivos, una debida actualización de Catastro y una reconstrucción a las regiones más afectadas del país, así como planes nacionales en materia de educación, vías, riego, agua potable, salud, protección social y vivienda para los campesinos.

Participación política para las Farc

El segundo acuerdo parcial se logró el 6 de noviembre de 2013 y fue el de la participación política para los guerrilleros. En este punto se garantiza el surgimiento de nuevas fuerzas en el escenario político colombiano.

Entre sus lineamientos más importantes se encuentra la creación de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, las cuales buscan promover la integración territorial y la inclusión política en zonas afectadas por el conflicto armado, al tiempo que se establece un periodo de transición en el que estas poblaciones contarán con una representación especial en la Cámara de Representantes.

En el acuerdo sobre justicia, el Gobierno y las Farc acordaron que las sanciones que se impongan “no inhabilitarán (a los guerrilleros) la participación en política”.

Solución al problema de drogas ilícitas

El punto de drogas ilícitas en el país se logró el 16 de mayo de 2014. El tema del narcotráfico, tercero acordado en las negociaciones, está centrado en varios ejes principales.

En primer lugar, las Farc se comprometieron a poner “fin a cualquier relación que en función de la rebelión hayan establecido" con el narcotráfico.

También se plantea la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, a través de planes integrales de desarrollo que cuenten con la participación de las comunidades para la ejecución de programas que permitan la recuperación de los terrenos cultivados para la producción de droga, la cual está enfocada principalmente en la erradicación manual.

Así mismo, en este punto se establece la manutención de los cultivadores y recolectores de hoja de coca durante la transición a los cultivos legales. Según lo consignado en el acuerdo, la guerrilla propone que sea por dos años y el Gobierno, por seis meses; esta parte está aún por definir.

Este acuerdo también está sustentado en la prevención del consumo de drogas y el tratamiento de esta problemática en una política de salud pública.

Justicia transicional y víctimas

Este tema, sin duda el más discutido en la agenda, fue firmado el 23 de septiembre de 2015, fecha en la que además el presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las Farc, alias Timochenko, fijaron seis meses como plazo para firmar la paz. Plazo que se venció en marzo de este año y que no se cumplió.

Con ese acuerdo, las Farc no solo aceptaron acogerse a un sistema de justicia especial para la paz, sino que reconocen los estándares de la justicia internacional y, además, el reconocimiento histórico de las víctimas del conflicto.

El tema de justicia está centrado en la Jurisdicción Especial para la Paz, en la cual se establece la creación de un Tribunal para la Paz, que asumirá todos los procesos por delitos cometidos en medio del conflicto. Se diferenciará entre los actores de la guerra: los subversivos, los terceros (civiles) y los agentes del Estado.

Se acordaron penas alternativas entre 5 y 8 años de restricción de la libertad para los que digan la verdad de manera temprana. Esto sumado a trabajos, obras y actividades que contribuyan a la reparación de las víctimas.

Los que reconozcan su responsabilidad de manera tardía tendrán las mismas penas, pero deberán pagarlas en una cárcel ordinaria. Y los que no reconozcan la responsabilidad, se enfrentarán a penas de hasta 20 años.

El acuerdo de justicia fijó una ley de amnistía para los guerrilleros que solo sean procesados por rebelión y delitos conexos. Esos conexos aún están por definirse, pero lo claro es que no entrarán delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra. Para los agentes del Estado se creó una figura de suspensión de la pena en delitos calificados como menos graves.

El Tribunal para la Paz será de última instancia, por lo que sus decisiones no podrán ser revisadas ni reabiertas por otros tribunales. Esto, para garantizar la seguridad jurídica del proceso.

En esta Jurisdicción se podrán presentar todas las personas que hayan cometido un delito relacionado con el conflicto y, después de contar toda la verdad sobre los hechos, podrán acceder a las penas alternativas.

En cuanto a las víctimas, las Farc se comprometen en un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, en el que se crearán diferentes comisiones como el de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y No Repetición, la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en medio del conflicto y la Jurisdicción Especial para la Paz.

Durante todo ese proceso, las Farc deberán realizar actos públicos de perdón y reconocimiento de la responsabilidad, así como trabajo que beneficie a las comunidades y una reparación material.

Blindaje jurídico

Este acuerdo fue logrado el pasado 13 de mayo de 2016. Durante su anuncio, las delegaciones del Gobierno y las Farc señalaron que este punto daba “seguridad y estabilidad jurídica al acuerdo final”.

En este punto están involucrados varios organismos, como el Congreso de la República, la Corte Constitucional, los ciudadanos en las urnas y a la comunidad internacional.

Ya el Gobierno incluyó en el proyecto de Acto Legislativo el artículo que eleva lo pactado en La Habana como un “Acuerdo Especial en los términos del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra”. Tan solo le resta un debate, que debe darse antes del 20 de junio de este año. De ser aprobado, el acuerdo final ingresará al bloque constitucional y a la Carta Política del país.

Por otro lado, ese ‘Acuerdo Especial’ se entregará al Consejo Federal Suizo y a la Secretaría General de Naciones Unidas, con el fin de que sea incluido en la resolución del Consejo de Seguridad que siguió las negociaciones.

El Gobierno ha insistido en que el pueblo colombiano tendrá la última palabra y que a través del voto se avalará lo logrado en Cuba. Hasta el momento, el Gobierno ha planteado que esto se realice por medio de un plebiscito, mecanismo que está en estudio en la Corte Constitucional. Sin embargo, aunque las Farc han dicho estar de acuerdo con una consulta, han insistido en que no aceptan el plebiscito como mecanismo.

Sacar a los menores de las filas de las Farc

Poco después de anunciar el blindaje, las delegaciones informaron el pasado 15 de mayo el acuerdo para sacar a los menores de edad de las filas de esta guerrilla.

Uno de los compromisos es crear una mesa técnica, liderada por la Defensoría del Pueblo, para diseñar una hoja de ruta que permita la salida de los menores de las Farc. Esa mesa técnica ya se creó y deberá presentar un plan de trabajo.

Lo claro desde ya es que los menores de 15 años tendrán prioridad. Aunque el Gobierno no conoce cuántos son en realidad, las Farc hablan de 21. El Ministerio de Defensa, por su parte, ha dicho que se cree que son 170.

Los menores, de acuerdo con lo pactado, serán acogidos en programas de atención y no tendrán que acudir a ningún tribunal, pues, como está estipulado actualmente en la legislación, los menores en la guerra son considerados víctimas. En el caso de los jóvenes entre los 15 y 18 años, sus casos serán revisados para establecer si tienen procesos penales.

El plan de atención incluirá la reintegración a sus familias, atención en salud, acceso a educación y garantías para que el círculo de allegados al que retornen tenga cooperación en vivienda y ofertas laborales.

MARÍA FERNANDA ARBELÁEZ M.
EL TIEMPO.COM
Twitter: @mafearbelaezmen