La Defensoría del Pueblo participó en el Conversatorio Regional Desafíos de la Judicatura en la aplicación del Enfoque Diferencial y de Género – Zona Occidente, convocado por la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial y realizado en Armenia, Quindío, donde reiteró la importancia de incorporar la paridad como un eje estructural para el fortalecimiento de la justicia en Colombia.

En el marco de este espacio, desde la entidad se enfatizó la necesidad de superar la participación simbólica de las mujeres en las instancias de poder y avanzar hacia una participación efectiva en los escenarios de toma de decisiones.

Durante su intervención, la Defensoría señaló que la paridad no debe limitarse a una presencia numérica, sino que debe traducirse en transformaciones institucionales orientadas a eliminar las barreras estructurales que históricamente han restringido el acceso, la permanencia y el liderazgo de las mujeres en los niveles más altos de poder.

Asimismo, se destacó que el país atraviesa un momento determinante para la justicia, dado que los procesos actuales y próximos de renovación en las Altas Cortes constituyen una oportunidad estratégica para avanzar hacia una integración más paritaria, plural e incluyente. En este contexto, la paridad se consolida como una condición para fortalecer la legitimidad democrática, la confianza ciudadana y la calidad de las decisiones judiciales.

 

En el desarrollo del conversatorio, se resaltó la importancia de revisar los mecanismos de selección, nominación y ascenso dentro de la judicatura, con el fin de evitar la reproducción de desigualdades históricas. De igual forma, se subrayó la necesidad de reconocer y enfrentar fenómenos como el techo de cristal y el piso pegajoso, un concepto que permite hablar de cómo se afectan las trayectorias de liderazgo de las mujeres, especialmente en contextos marcados por desigualdades territoriales, culturales, socioeconómicas y respecto a la distribución del cuidado.

La entidad también hizo un llamado a fortalecer las acciones institucionales para prevenir y sancionar la violencia política e institucional basada en género, la cual constituye un obstáculo significativo para la participación efectiva de las mujeres en los espacios de poder.