Ante el actual paro judicial que está afectando el normal funcionamiento de la justicia en Colombia, la Defensoría del Pueblo considera que, si bien las reclamaciones de Asonal-Judicial pueden ser válidas, los requerimientos de un sector de los servidores públicos no pueden, de ninguna manera, quebrantar el principio rector del Estado de garantizar la efectividad y vigencia de los derechos consagrados en la Constitución Política.
 

La más reciente información destaca que el Gobierno y los trabajadores acordaron la creación de una mesa de concertación que empezará a funcionar el lunes 21 de septiembre para tratar de poner fin a la actual protesta. El Gobierno se comprometió a estudiar un posible aumento de salarios a jueces, fiscales y funcionarios judiciales, de acuerdo con las posibilidades fiscales actuales, mientras que Asonal se comprometió a restablecer los servicios de los juzgados penales del circuito especializados del Programa OIT desde el lunes.

Frente al actual cese indefinido de actividades de la Rama Judicial, La Defensoría hace un llamado para que no se interpongan intereses frente al derecho fundamental que le asiste a los ciudadanos de acceder a una pronta y eficaz justicia. La administración de justicia es un servicio público que deriva su eficacia de la pronta e imparcial intervención para solucionar civilizada y pacíficamente los conflictos.

La Defensoría señala que con ocasión de la parálisis judicial, son numerosas las personas que han vulnerado la ley, han sido aprehendidas y no se les puede legalizar su captura. Tales detenciones conducen al desconocimiento de derechos, como el debido proceso y el derecho a la defensa, que terminan por deslegitimar la acción de la justicia.

Por tales consideraciones, la Defensoría del Pueblo insta al Consejo Superior de la Judicatura y al Gobierno Nacional, para que se tomen las medidas urgentes en aras a dar una pronta solución al conflicto laboral.

De otra parte, no se ha garantizado a los ciudadanos el acceso a la administración de justicia. Sólo en Bogotá más de 14 mil procesos se encuentran paralizados. Trámites como audiencias de juicio oral, preparatorias, aprobación de preacuerdos, lectura de fallos y. diligencias ante jueces de ejecución de penas, entre otras, no se han podido realizar.

En Cundinamarca sólo se están atendiendo flagrancias y detenidos, pero no se reciben casos nuevos; no se reciben nuevas solicitudes ya que no se pueden ejecutar ante la justicia ordinaria; se están represando las diligencias, y se ha acumulando la carga laboral para los Defensores Públicos. 

Hay departamentos donde no se están realizando las audiencias preliminares de legalización de capturas de detenidos en flagrancia, de tal suerte que los funcionarios de policía judicial se han visto obligados a restituir de manera inmediata, la libertad de estas personas, lo que genera una inaceptable impunidad que lesiona los derechos fundamentales de las víctimas.

En cuanto a los menores, no se reciben los títulos que se encuentran en el juzgado para las cuotas alimentaria; el acceso del público a las sedes de justicia está totalmente restringido, y no se tramitan tutelas ni demandas civiles, aunque se están atendiendo temas relacionados con la salud.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo recordó a los miembros de Asonal Judicial que su encomiable labor es, a la vez, un deber del Estado y un derecho fundamental de todos los ciudadanos y por lo tanto los invita a abandonar esas vías de hecho y optar por los canales democráticos del diálogo.